a reciente advertencia del gobernador californiano Edmund G. Brown llegó extremadamente tarde, porque de muchos años atrás el gran capital se comió vivo al gobierno mexicano. Vamos, a estas alturas éste no sólo cocina y sirve la mesa, sino que arma la fiesta, pone la música, canta y baila zapateado, todo a gusto del patrón.

Ejemplos sobran, pero para no ir más lejos, y para que no quede duda, las inefables autoridades medioambientales dan muestras fehacientes de cómo regularán, manejarán, resolverán y sancionarán las no pocas situaciones de altísimo riesgo ecológico producto, gracias a la privatización petrolera y eléctrica, del advenimiento de las hordas trasnacionales del sector energético y consorcios nacionales que las acompañarán.

Y el mensaje gubernamental (más claro que el agua de los ríos Sonora y Bacanuchi antes del ecocidio perpetrado por el Grupo México) lo mandó el propio titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud: a pesar del desastre ambiental, “la empresa (de Germán Larrea) no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente… (porque) no puede frenarse la actividad económica. Tuvieron un descuido que causó el daño ambiental, (pero) el país tiene que crecer económicamente”.

Así, definida la norma oficial, Larrea y su Grupo México, de la mano de otros corporativos nacionales o foráneos, con toda tranquilidad y certidumbre seguirán atentando contra el ecosistema, por la simple razón de que el país tiene que crecer económicamente. Y lo dice la, se supone, máxima autoridad en materia ambiental, mientras la Secretaría de Economía (la que otorga las concesiones mineras) no ha abierto la boca (y miren que a Ildefonso Guajardo le fascina el micrófono).

Entonces, con dicho criterio oficial nadie tendría derecho a combatir otro tipo de delitos (narcotráfico, robo, fraude, secuestro, bancos, etcétera), porque al final de cuentas el único objetivo que persiguen los delincuentes es ganar dinero, ergo no hay que satanizarlos (el término es de Guerra Abud), pues contribuyen al crecimiento de la economía del país. Podrían imponerles una multa, pero ni temporalmente quitarles la concesión (porque esos delitos también están activos por concesión gubernamental).

Ya definido el alcance de las acciones gubernamentales y ratificada la impunidad para Larrea y su Grupo México, entonces el titular de la Semarnat se animó a calificar de mentiroso al corporativo que encabeza dicho empresario y a decir que el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos por la empresa Buenavista del Cobre (antes Minera Cananea) es el peor desastre ambiental de la industria minera del país.

Pero como el derrame tóxico contribuye al crecimiento de la economía del país, entonces la autoridad ambiental sólo multará a Grupo México con 40 millones de pesos, es decir, de a mil pesos por metro cúbico derramado en los ríos Sonora y Bacanuchi, o si se prefiere un monto apenas equivalente al 0.1 por ciento de las utilidades netas reportadas por Grupo México sólo en el primer semestre de 2014 (no se dé por definitiva la multa ni el monto de la misma, porque obvio es que Larrea impugnará y recurrirá a sus muy queridos amigos del Poder Judicial).

Con ese criterio oficial ahora se entiende por qué la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, encargada de proteger y vigilar el capital natural del país) certificó a Grupo México como industria limpia y que el corporativo, ya con ese papelito en la bolsa, presuma que operamos con los más altos estándares de cumplimiento ambiental a nivel nacional e internacional.

Como a los funcionarios, en todos los niveles y de todas las empresas… perdón partidos políticos, les aterrorizan las consecuencias políticas y económicas de intentar meter en cintura a los grandes corporativos (no se olvide que a la vuelta de la esquina están las elecciones intermedias, y se necesita mucho dinero para hacer crecer la economía del país), entonces fingen demencia, hacen como que hacen, y al mayor desastre ecológico en la industria minera lo tasan en 40 millones de pesos, y que la fiesta siga, porque casi al finalizar el gobierno calderonista las concesiones mineras del Grupo México fueron cómodamente prorrogadas hasta el año 2062. Entonces, con autoridades así para qué queremos cómicos.

A su vez, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, aseguró que además de la demanda penal interpuesta en contra de quienes resulten responsables del ecocidio en Sonora, se estudia otra por responsabilidad ambiental, en la que se incluiría la exigencia de reparación de daños ambientales, calculados, dijo, en cientos o miles de millones de pesos, es decir, algo similar a lo que sucedió en Pasta de Conchos y, ocho años después, los deudos siguen en espera de que cumplan corporativo y gobierno.

En el balance oficial, el derrame tóxico afectó a cerca de 24 mil personas y más de 270 kilómetros de cuerpos de agua, mientras la presa El Molinito (con 15.4 millones de metros cúbicos de agua almacenados) fue cerrada precautoriamente sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación. Los contaminantes encontrados, entre otros, son los siguientes: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad del río previo al derrame, y contando.

Todo por 40 millones de pesos, y Germán Larrea tiene en su bolsillo una cantidad 5 mil veces superior para lo que se ofrezca sólo en caso de emergencia. Lo cierto es que Grupo México y su dueño pusieron a parir a las autoridades ambientales, porque no saben cómo darle la vuelta al mayor desastre ecológico en la industria minera que opera en el país, y que el corporativo les avienta otra papa caliente: el descarrilamiento de un enorme tren cargado con ácido en Sonora, de su propiedad.

Entonces, ¿que se los van a comer vivos? No, pues, “desde’nantes”.

Las rebanadas del pastel

Desde Nuevo León, más de lo mismo: “los habitantes de los ejidos colindantes al Río San Juan en Cadereyta informaron a la autoridad desde hace seis meses; sólo les hicieron caso cuando una gran parte del río estaba contaminada y no se podía más. Los peces y aves empezaron a morir. Hasta ahora Pemex abordó la situación. El peligro latente es que el agua contaminada llegue hasta la presa El Cuchillo y eso prive de agua a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, para las más urgentes necesidades. Si eso es ahora, ¿qué pasará cuando las trasnacionales inicien con el fracking? ¿Cómo hacer que la ciudadanía se vuelva participativa? (Gloria Gómez, [email protected]).

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