Para el área de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las personas rescatadas del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, son víctimas de delitos diversos.

Por tanto, apunta en entrevista Irene Herrerías, asesora comisionada para atender temas humanitarios de la procuraduría, tenemos obligación, como Estado, de brindarles protección, canalización a hogares, albergues y hospitales dignos, terapias para su recuperación y reparación del daño, además de justicia.

Paralelamente al trabajo ministerial, en el área del crimen organizado, que investiga la comisión de delitos por Rosa Verduzco y varios de sus colaboradores y empleados, la PGR interviene en esas tareas de protección.

El gobierno ha identificado el caso de La Gran Familia como el más grave de irregularidades y delitos registrado en el país en una institución de ese tipo, por su gran tamaño y el alto número de víctimas involucradas, sobre todo niños, admiten Herrerías y Joaquín Torres Osorno, director general de Atención a Víctimas. Asumen que la obligación de las autoridades es garantizar que situaciones como ésta, en la que cientos de niños y adultos fueron abandonados en lo que llamaron un basurero humano, no se vuelvan a repetir.

Enviada desde los primeros días a Zamora, la funcionaria (titular de Províctima y ex fiscal especial de Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas el sexenio pasado) trabajó, pernoctó y convivió estrechamente con la comunidad en cautiverio en La Gran Familia durante los días más críticos.

Irene Herrerías refiere que una noche, después de la intervención de la policía, en uno de los dormitorios donde ella se instaló se percató de que tres niños estaban despiertos, sentados en un pequeño círculo en un rincón. Se acercó y vio que se estaban haciendo cortes en los brazos con una navaja.

La ansiedad no les permitía dormir. Intenté tranquilizarlos, les prometí que los iba a llevar a lugares mucho mejores que ése y los arrullé hasta que se durmieron. Eran chiquitos de entre seis y ocho años. Nunca, a lo largo de mi carrera, sentí tanta desesperanza.

Su tarea es asegurarse de que la reubicación de cada uno de los cerca de 600 rescatados sea a sitios dignos, seguros y adecuados. Y que en todos los casos se dé seguimiento gubernamental. Nunca más el olvido y el abandono oficial, dice.

Lo busqué durante ocho años

Narra otro de los casos que la impresionaron profundamente: “Me topé con un chavito que se sabía de memoria y nunca olvidó el número de teléfono de su papá. Pero en la casa de Mamá Rosa jamás lo dejaron llamar. Trabajaba cargando maletas en una terminal de autobuses, lo detuvieron y lo fueron a entregar al albergue de Zamora sin avisarle a su familia. Tenía 10; pasó ocho años de encierro. Lo grave es que él sí tenía familia y sí sabía dónde buscarla, pero no se lo permitieron. Hablamos de inmediato a ese número, pero el padre ya no vivía ahí. Lo pudimos localizar y el pobre hombre nos contó que llevaba ocho años buscando a su hijo. Todo ese tiempo se lo negaron”.

Para Torres Osorno, éste es uno de los casos en los que nítidamente se aplica la tipificación del delito de privación ilegal de la libertad, que es uno de los delitos del orden federal que se investigan en el caso de La Gran Familia.

También se investigan casos por trata de persona, tortura y tortura sexual, robo de identidad, por lo que interviene la Seido a través de la unidad especializada de investigación de tráfico de menores y órganos de personas.

Incluso sigue abierta la línea de homicidios, aunque las excavaciones iniciales y la exploración del lugar con personal especializado y perros no arrojaron, en principio, ningún indicio dentro del predio que ocupaba el albergue.

Entre los adultos, 160 que se encontraban en ese albergue, hay familias enteras, formadas por hombres y mujeres que ingresaron en su niñez y nunca lograron salir. De éstos, 12 son madres con hijos que nacieron ahí mismo. El DIF local asumió su resguardo, en espera de confirmar la consanguinidad, con análisis de ADN, y reubicarlos.

La mayoría de los adultos, en especial en el grupo de 30 a 50 años, se integró a redes sociales o pequeñas comunidades formadas sobre todo por antiguos tutelados de la casa hogar.

Uno de los delitos más frecuentes en La Gran Familia, ahora bajo investigación judicial, es el de las cartas notariadas que cientos de padres fueron obligados a firmar como actas de cesión de derechos sobre sus hijos. Se cuentan al menos 50 expedientes abiertos en la Agencia de Investigaciones Criminales, según su director, Tomás Zerón. Esas fueron las denuncias que desde 2008 se presentaron ante el Poder Judicial en Michoacán. Puede tipificarse como privación ilegal de la libertad.

A pesar de las averiguaciones previas, los jueces locales siempre negaron las órdenes de cateo, que hubieran permitido una intervención a tiempo. Tardaron seis años en actuar.

En los casos de abuso sexual que están bajo proceso judicial, se ha identificado que muchos victimarios también fueron víctimas en su momento. “En esas relaciones jerárquicas fuera de la ley, como las que se dan dentro de las cárceles, una especie de regla interna era agredir, para no ser agredido. Contamos con muchos testimonios en los que las víctimas refieren que si acudían a Rosa Verduzco a denunciar o a pedir protección, la respuesta era: ‘déjate’”.

Quienes sufrieron violaciones en ese contexto son atendidos con terapias por la CEAV y por la Secretaría de Gobernación.

Identidades robadas

El día de la intervención de la Policía Federal, fueron encontrados tres cuartos, llenos hasta el techo con bolsas negras, como las que se usan para la basura, repletas de documentos oficiales guardados sin orden alguno: actas de nacimiento, credenciales del IFE, cartillas de vacunación, certificados de estudios, boletas de calificaciones, reportes médicos.

Todo fue confiscado y hasta la fecha son varios los agentes del Ministerio Público que trabajan en el análisis, la verificación y el cotejo de los documentos, para integrarlos en expedientes de cada una de las personas que vivieron en la casa hogar.