Martes 26 de agosto de 2014, p. 30
Juchitán, Oax., 25 de agosto.
Unos 200 pobladores de la comunidad de Santa Rosa realizaron una movilización y retuvieron tres horas una camioneta de la compañía constructora Siglo XXI para oponerse al proyecto Transístmico, que incluye la instalación de un gasoducto de Jáltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.
Es necesario que Pemex (Petróleos Mexicanos) atienda nuestras peticiones. No estamos reteniendo unidades o bloqueando accesos porque lo deseemos, sino porque tememos por nuestras vidas. Semanalmente hay fugas o derrames de amoniaco o hidrocarburos en esta zona. Nosotros vivimos en este lugar y vamos a padecer los daños y las muertes
, indicaron.
Los pobladores montaron guardia en la desviación al poblado de Chivela, municipio de Asunción Ixtaltepec, para evitar la entrada de vehículos de Pemex.
Luego de liberar el vehículo, los manifestantes se concentraron fuera de la escuela secundaria técnica 111 donde, con mantas y cartelones, exigieron a la petrolera consultar a los pobladores.
Señalaron que representantes de seis municipios (Santo Domingo y Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, Ixtaltepec, Matías Romero y El Barrio de la Soledad) se han reunido con funcionarios de Pemex, que no han respondido la solicitud de hacer una consulta.
Exhortaron a los pobladores de otros municipios, entre ellos Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec, a unirse a su petición, pues consideran que también están en riesgo.
Por su parte, unos 150 comuneros del barrio de Santa Cruz Tagolaba, en Tehuantepec, tomaron este lunes el palacio municipal y retuvieron más de seis horas a unos 80 trabajadores del ayuntamiento para exigir al alcalde, Donovan Rito García, encarcelar a los dirigentes sociales y pequeños propietarios del barrio de Santa María, encabezados por Amadeo de la Rosa, por la invasión de 5 mil hectáreas, disputa que se ha prolongado 40 años.
El fiscal de la Subprocuraduría de Justicia en la región del Istmo, Víctor Alonso Altamirano, acudió para advertir que la autoridad municipal no era competente para resolver esta petición y que, dado el caso, esa dependencia y la Procuraduría Agraria serían las encargadas de ejecutar una orden de detención.
De acuerdo con pobladores del barrio de Santa María, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en 1979 a la Secretaría de la Reforma Agraria realizar un estudio técnico y resolver la disputa.
Entre 1991 y 1992 la SCJN publicó tres opiniones favorables que indican que las tierras pertenecen a la comuna de Santa María Tagolaba.