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Administrativamente no es responsable

IEDF exculpa a Gutiérrez de usar el erario en red de trata
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de agosto de 2014, p. 34

Cuatro meses después de que el PRD capitalino presentó una queja ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en contra del Partido Revolucionario Institucional en la capital y su ex líder Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por presunto desvío de recursos para financiar y operar una red de trata de personas, seis de los siete consejeros electorales resolvieron que no son administrativamente responsables de esas imputaciones.

El asunto fue discutido ayer en la sesión ordinaria del Consejo General del IEDF, en la que los representantes del PRD, Rigoberto Ávila; PAN, Juan Dueñas, y Movimiento Ciudadano, Armando Levy, cuestionaron el fallo y pidieron que el dictamen se sacara del orden del día y se realizara una investigación más exhaustiva.

En el mismo sentido se manifestó la consejera presidenta del IEDF, Diana Talavera, quien luego de asegurar que no hubo una investigación exhaustiva, secundó la petición de los representantes de los partidos para devolver el documento al secretario ejecutivo para su reformulación.

Ninguno tuvo éxito y se validó la resolución con el voto de los consejeros Mariana Calderón, Gustavo Figueroa, Martha Almaraz, Mauricio Rodríguez, Noemí Luján y Juan Carlos Sánchez, quien defendió el trabajo de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto, que elaboraron el citado dictamen.

En el amplio documento del IEDF se detalla que las grabaciones, videos y fotos que presentó el PRD son elementos que dan indicios de una conducta irregular, pero que no son prueba plena que demuestre un delito. Lo que sí se encontró es que el PRI-DF tiene un desorden administrativo, sobre todo en la contratación de su personal, expedientes laborales incompletos, pagos dobles a varias personas y carencia de controles de asistencia, entre otras anomalías.

En la misma sesión se determinó que un grupo de 10 diputados locales y federales y jefes delegacionales no fueron administrativamente responsables respecto de la acusación del PRI y del PAN de que realizaron actos anticipados de campaña, al aprovechar su informe de actividades para promover su imagen, en la lógica de lograr otro cargo de elección popular.