La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene acceso desde el pasado 13 de agosto a los datos de todas las líneas telefónicas del país, fijas o celulares, sin orden previa de un juez, para fortalecer investigaciones en casos de seguridad nacional, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El problema de esta nueva facultad legal –que funciona muy bien en países como Estados Unidos, Canadá y varios de Europa– es que en México no existen garantías de que las autoridades investigadoras sean imparciales en el uso de esos instrumentos para combatir el crimen trasnacional organizado. En realidad se corre el riesgo de que sean herramientas que se utilicen contra los enemigos políticos o críticos incómodos del régimen de Enrique Peña Nieto.

Jesús Alberto Guerrero Rojas, doctor en derecho por la Universidad Marista y experto en casos de lavado de dinero y derecho sanitario, sostuvo que se trata de una facultad muy peligrosa, porque en México las autoridades no se caracterizan por su confiabilidad, buena fe o actuación pulcra.

El abogado, con más de 25 años de experiencia en litigios penales, administrativos y civiles, sostuvo que es muy probable que con estas nuevas medidas pronto se repitan casos como el de Elba Esther Gordillo (ex lideresa del poderoso SNTE), en el cual se utiliza todo el poder de los aparatos de seguridad del Estado mexicano para llevar a prisión a un político incómodo al régimen en turno.

El abogado expuso que es indispensable que además de las facultades legales para tener acceso a los datos de todas las líneas telefónicas del país se conforme un protocolo de actuación obligatorio para los funcionarios públicos que hagan uso de esa medida.

La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –cuyo artículo 189 faculta a los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia a requerir datos a las empresas de telecomunicaciones, que tendrán 24 horas para entregar la información– entró en vigor el pasado 13 de agosto.

Los datos no incluyen el contenido, pero sí la siguiente información: nombre y domicilio del suscriptor; ubicación de posicionamiento geográfico de las líneas; tipo de comunicación y servicios utilizados; fecha, hora y duración; datos necesarios para identificar el origen y destino de comunicaciones de telefonía móvil, y código internacional de fabricación del equipo y suscriptor.

El artículo 40 bis de la ley anterior, vigente hasta el 12 de agosto pasado, únicamente facultaba a la PGR y a las procuradurías estatales a solicitar la localización en tiempo real de líneas vinculadas con ciertos delitos graves, pero la redacción de la nueva norma establece una colaboración más amplia.

A partir de la entrada en vigor de las nuevas medidas, la UIF, por medio de su titular, Alberto Bazbaz, y de su director general de Procesos Legales, estarán facultados para formular esos requerimientos.

Al respecto, el doctor en derecho Jesús Alberto Guerrero Rojas, ex director jurídico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dijo que las funciones de la UIF ahora son muy extensas y preocupantes, porque ahora, sin mayor motivación que el interés de la autoridad por investigar, se pueden intervenir los datos de un particular o de una persona moral.

La función principal de la UIF es prevenir el lavado de dinero.

No obstante, si esa unidad considera que tiene derecho a aprovechar la reforma a la Ley Federal de Telecomunciaciones y Radiodifusión, porque un caso haya sido clasificado como instancia de seguridad nacional, en un acuerdo de Bases de Colaboración firmado en diciembre de 2006 por las secretarías de Hacienda y Gobernación, pues por ese simple hecho podrá iniciar la indagatoria a un particular o a una empresa.

La Ley de Seguridad Nacional menciona como instancia en esa materia a la SHCP y también reconoce a las secretarías de Gobernación, Marina, Defensa, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y Relaciones Exteriores, además del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la PGR.