El llamado de la organización Human Rights Watch al gobierno mexicano para que esclarezca el supuesto fusilamiento de 22 personas a manos del Ejército a finales de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, estado de México, es una muestra de la gravedad de este presunto delito, el cual marcaría el inicio de una época de terror contra la población civil en caso de ser confirmado, señalaron activistas de organizaciones sociales.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, consideró alarmante que en México parezca estarse consolidando una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales mediante las que se busca aterrorizar a la gente.

El estado de México se ha convertido en los meses recientes en una fuente de sangre, y es aún más lamentable que el gobierno de Eruviel Ávila se empeñe en invisibilizar lo ocurrido, lamentó.

Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, coincidió en la necesidad de que el gobierno mexicano aclare lo sucedido en Tlatlaya, pues las evidencias recuperadas en el lugar de los hechos indican la posibilidad de una ejecución extrajudicial.