Greenpeace México se sumó a la demanda del cierre inmediato y permanente de la planta minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, la cual derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados al río Sonora y su afluente Bacanuchi, el pasado 6 de agosto.

También señaló que deben realizarse inspecciones al resto de instalaciones de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país, para evitar accidentes en otras regiones del país. Añadió que debe definirse un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazos en las zonas alcanzadas por la descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, hierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio.

De igual forma, demandó la reparación de los daños ambientales, de salud y socioeconómicos ocasionados por esta fuga de contaminantes, aun si algunas consecuencias aparecieran años después, como puede ser el caso de la salud, y que se haga un manejo con transparencia y acceso público sobre la información derivada de los muestreos, así como de las medidas acordadas y las acciones de la empresa con el gobierno.

El grupo ambiental dijo que este puede considerarse el peor desastre ambiental en Sonora, y enumeró algunos de los daños que pueden causar los altos niveles de metales en el agua, como problemas en el sistema nervioso; daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como Alzheimer; mal de Parkinson; saturnismo; hepatitis; cáncer; hemocromatosis o hasta la muerte, en el caso del arsénico”.

Expuso que el derrame en el río Sonora es sólo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 70 por ciento de los afluentes nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirla, mucho menos para prevenirla.

Lamentó la laxitud de las leyes, la cual permite a las empresas seguir contaminando, pues en teoría se les exige un pago o la reparación del daño en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades, consideró.

Greenpeace México exigió también el reconocimiento total por parte de la empresa de las afectaciones socioambientales por el derrame y el saneamiento completo de la cuenca para que el agua del río y los pozos pueda volver a ser usada para riego y consumo humano, así como para el equilibrio ecológico.

Subrayó que pocos días después del vertido tóxico en Sonora, una mina de la empresa Proyecto Magistral provocó otro derrame en el municipio El Oro, en Durango, contaminando con cianuro 2 mil metros cúbicos de agua, el cual es potencialmente letal. Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió a tomar medidas de contención, aún no se han dado a conocer las sanciones, dijo.