Dirigentes del sector privado salieron en defensa de Grupo México frente a la petición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de que se le quite la concesión de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, afluente del Sonora, al tiempo que demandaron una investigación profunda al respecto y que se dimensione qué sucedió realmente.

Antes de tomar medidas precipitadas se debe hacer un estudio verdadero y profundo sobre las causas del derrame. Desde nuestro punto de vista Grupo México es una empresa sumamente seria, con un historial importante y no puede estar sujeta a un criterio rápido y fácil. Hay que hacer una investigación, ver las causas del accidente y cómo lo están solucionando, porque es una empresa que ha invertido durante muchísimos años, no sólo en esa mina, sino en otras, y es un grupo empresarial importante que se ha comprometido con México. Seguramente han invertido lo suficiente en materia de seguridad para prevenir cualquier tipo de derrame, indicó Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Consideró que quitarle la concesión a Grupo México de su principal mina por una medida política, evidentemente mandaría un mal mensaje a los inversionistas, sobre todo los que ahora están interesados en en el sector energético.

Grupo México es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos, yo creo que hay que componer lo que se tenga que componer y sí se determina que pague la multa que sea necesaria y así evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones, dijo a su vez Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Frente a la opinión de legisladores, especialistas y organizaciones ambientales de que se debe sancionar de manera ejemplar a Grupo México por las afectaciones ambientales, a la población y en las actividades productivas que el derrame de tóxicos ha generado en varios municipios de la zona, el dirigente del organismo cúpula del sector privado puntualizó que las sanciones las determina la ley y la autoridad competente, así de fácil, y yo estoy seguro que la empresa respetará, generará y hará los cambios que sean necesarios para que nunca vuelva a suceder.

Asimismo, descartó que las sanciones que se impongan a Grupo México inhiban o afecten la llegada de inversionistas al sector energético ahora que se permite su participación, pues dijo que están obligados a cumplir las leyes, como ocurre en todos los países. Nosotros abogamos porque haya un Estado de derecho pleno y todos los mexicanos, empresas o agentes cumplan con la ley, puntualizó Gutiérrez Candiani.

Al respecto, Castañón dijo que lo que es importante es que los órganos reguladores del sector energético sean lo suficientemente fuertes para controlar cualquier exceso que pudiera existir en las inversiones. Dichos órganos, dijo, deben regular que las inversiones que lleguen al sector sean sanas y respeten el medio ambiente, pero no negar la industrialización porque sería una posición muy arriesgada.