a razón de ser de las instituciones autónomas de nuestro país, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), es velar por los derechos de las personas y pueblos que se ven amenazados por acciones que les son contrarias e impiden la realización plena de una vida digna y democrática por parte de las autoridades. Ello no obstante, en fechas recientes estas dos instituciones le dieron la espalda a las y los mexicanos.
En el contexto de las acciones de exigencia de la sociedad para que se modificara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con apego a estándares internacionales de derechos humanos, una de las posibilidades era acudir a estas instituciones autónomas para solicitar que interpusieran acciones de inconstitucionalidad sobre diversos artículos de dicha ley, pues con mucha razón fueron identificados como regresivos y potencialmente causantes de violaciones graves a los derechos humanos de las personas que habitan o transitan por el país.
Respecto de la CNDH, como sabemos hoy en día es una institución que se ha mostrado indiferente ante las peticiones recurrentes que se le han hecho para que proteja los derechos humanos de la población. Lamentablemente, una vez más lo hizo. En semanas pasadas se le entregó una petición para que ejerciera su propia facultad de acción de inconstitucionalidad sobre normas contenidas en diversos artículos de la Ley Telecom, ya que a juicio de las organizaciones solicitantes se consideró que ponen en riesgo derechos relativos a la libertad de expresión, en temas relacionados con las telecomunicaciones, sobre todo en el contexto de manifestaciones y protestas sociales. Además, con esta ley se abre un amplio y pernicioso espacio de discrecionalidad, mediante la utilización de términos ambiguos y una falta de controles judiciales que eventualmente pueden utilizar indistintas autoridades para realizar restricciones ilegítimas a los derechos humanos. De acuerdo con la opinión de las organizaciones sociales, los parámetros establecidos en el artículo primero constitucional, así como las garantías de seguridad jurídica y legal. Se genera además un efecto inhibidor contra el ejercicio de derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión, asociación, acceso a la información y uso del beneficio de las nuevas tecnologías de comunicación.
Todo esto es incompatible con un Estado democrático de derechos, y muestra por el contrario el rostro de un aparato estatal autoritario y centralizado en el Poder Ejecutivo de la nación. Se le olvida a la CNDH que todos los tratados internacionales de los que México es parte son obligatorios, y omite tomar en cuenta los parámetros internacionales establecidos respecto al contenido de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, así como lo referente a la intervención, suspensión de comunicaciones y retención de datos en un marco de legalidad, tal y como lo señalé con anterioridad en esta misma columna, en el marco del debate que se dio en el Poder Legislativo ( La Jornada, 5/4/14).
Por si fuera poco, las organizaciones acompañaron su petición con un minucioso análisis técnico, en el que se explicó a detalle el porqué debía ejercer esa facultad constitucional que tiene. Entonces, ¿qué le faltaba a la CNDH para llevar a cabo lo que le solicitaron, si tenía incluso los argumentos especializados que se le entregaron, basados y robustecidos en derechos humanos? Muy a nuestro pesar, estamos ante un órgano público de protección de derechos débil y acomodado a las directrices del actual régimen. Pero en este mismo tema el Ifai no fue la excepción. Más de 200 organizaciones sociales le solicitaron igualmente que ejercitara la facultad que le otorga, como órgano garante del derecho a la información y protección de datos personales, el artículo 105 de la Constitución. Sin embargo, en una intensa jornada de discusión, a última hora las y los comisionados de este instituto se dividieron acerca de la procedencia de presentar o no dicha acción de inconstitucionalidad. Lamentablemente, el Ifai también se doblegó, e hizo mutis, dejando así abierta la posibilidad de invadir los derechos a la intimidad y a la privacidad en el manejo de datos personales y de información vinculada con las actividades que los ciudadanos realicen a través de las telecomunicaciones.
Como corolario, en el Congreso de la Unión tampoco se pusieron de acuerdo. Estuvieron a un ápice de lograr las firmas necesarias; es decir, 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras. Hubo diputados y senadores que obviaron firmar esa misma petición de inconstitucionalidad. No es extraño que así fuera, pero dejemos también aquí constancia de la sumisión del Congreso al aparato de gobierno actual.
Se impide una vida democrática cuando las instituciones garantes de los derechos de los ciudadanos se paralizan. Se crea entonces una involución del Estado democrático de derecho, y se logra configurarlo como uno autoritario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debiera resolver estos asuntos, atendiendo al control de constitucionalidad y convencionalidad. Pero, como vemos, las decisiones finales se toman unilateralmente en y desde el Poder Ejecutivo.
Por lo menos un órgano local, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), intentó llevar las preocupaciones sociales sobre Telecom a la SCJN, aunque no le fue admitida su acción de inconstitucionalidad, pues se dijo que no está facultado para esta acción jurídica. Queda no obstante la pregunta. Si un órgano local de protección de derechos resolvió que era procedente dicha acción, e incluso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció también públicamente contra la Ley Telecom, ¿por qué entonces titubearon los órganos federales? La respuesta ya está dicha. Declinan ser para lo que fueron creados.
La vida democrática del país está entonces lejos de realizarse en el marco de un Estado democrático de derecho, y a través de mecanismos efectivos de interlocución con la sociedad civil. Las y los mexicanos merecemos instituciones realmente comprometidas con el cumplimiento de nuestros derechos.
