Nueva York, 21 agosto.

Como parte de una campaña internacional, manifestantes exigieron frente al consulado de México en Nueva York la libertad de Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, al cumplirse un año de su encarcelación.

Integrantes de la campaña, que también exige la libertad de todos los presos políticos mexicanos, informaron que habría actos paralelos en Seattle, Chicago, Portland, Los Ángeles y San Francisco.

Los manifestantes hicieron circular un llamado por la libertad de Salgado suscrito por más de 120 organizaciones sociales, incluidas centrales y secciones sindicales, así como organizaciones de defensa de derechos civiles, latinas, de apoyo a migrantes, de abogados y de jóvenes, tanto del estado de Washington –donde Nestora trabajó y residió– como de otras partes de Estados Unidos. En el sitio http://freenestora.org proporcionan información sobre la dirigente indígena.

Presos políticos, libertad corearon durante un par de horas participantes en Nueva York, que se identificaron como integrantes de #YoSoy132, Mujeres Radicales y del Freedom Socialist Party, entre otros.

Por conducto de oradores y con pancartas se refirieron tanto al caso de Salgado como al de José Manuel Mireles.

Resaltaron que la campaña por la liberación de la coordinadora comunitaria se amplía en ambos lados de la frontera, ya que ella tiene ambas ciudadanías y destacaron su trabajo como líder social en los dos países.

No perdonan eficiencia de la CRAC, acusan

Fernando Camacho Servín

El gobierno federal no perdona a las policías comunitarias y los grupos de autodefensa que hayan sido capaces de frenar al crimen organizado, y aunque conoce perfectamente dicha situación y sabe de la inocencia de las personas que se armaron para protegerse ante la inacción del Estado, las encarcela y trata como a delincuentes.

Lo anterior fue afirmado ayer por participantes en un foro organizado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Del Valle, donde se analizó el caso de Nestora Salgado, una de las fundadoras de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y de otros activistas que también han sido llevados a prisión de manera injustificada.

Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos Herrera, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), subrayó que el único delito de su marido fue organizar a la gente de su comunidad para que dejaran de ser víctimas de extorsiones, asesinatos y levantones.

Con la CRAC bajó mucho la criminalidad y eso no nos lo perdonan. Ese es el coraje que tiene el gobierno contra nosotros. Nos quieren ver sordos, ciegos y mudos, pero tenemos el mismo derecho que los demás para protestar. Quieren intimidarnos, pero ya basta, ya es suficiente de que encarcelen a la gente que sólo busca paz y tener mejores condiciones de vida, enfatizó.

Se fabricaron delitos, denuncian

A su vez, María de Jesús Pérez, esposa de Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, manifestó que a su pareja le fabricaron delitos del fuero común –como tentativa de homicidio, robo, motín y sabotaje– para debilitar al movimiento que encabeza y concretar el robo de las tierras de los campesinos.

Juan Manuel Ramírez, ex integrante de la policía comunitaria de San Miguel de Aquila, Michoacán, quien estuvo 11 meses en prisión, narró algunos abusos que padeció junto con más de 40 compañeros por haberse organizado para proteger su comunidad de los ataques de la delincuencia organizada. Lamentó que frente a dichas arbitrariedades la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no haya hecho ningún pronunciamiento.

De su lado, Norma Mesino, hermana de Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur –asesinada en octubre de 2013–, lamentó que tras el homicidio de la luchadora social no ha habido ninguna investigación real para dar con el paradero de los responsables.