En México, 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de ‘‘no localizadas’’. De este número, 12 mil 532 nombres corresponden a reportes presentados durante el último tramo del sexenio calderonista y 9 mil 790 a hechos registrados durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Es decir, de 2011 a la fecha han sido denunciados 52 mil 941 casos de personas no localizadas, extraviadas, ausentes o desaparecidas. De ese gran total, han sido ubicadas 30 mil 619, la mayoría con vida y mil 524 fallecidos. La información anterior es del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a consulta en www.secretariadoejecutivo.gob.mx

Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), precisó los datos de esta problemática en dos bloques: el primero, relacionado con la situación heredada de la administración anterior.

Al inicio del gobierno de Peña Nieto recibieron una base de datos integrada por 26 mil 121 nombres, la cual, una vez actualizada, llegó a 29 mil 707 personas. Al 31 de julio de 2014, dijo, han sido localizadas 17 mil 175 personas (16 mil 274 con vida) y continúa la búsqueda de 12 mil 532.

En tanto, con los datos de los hechos reportados durante la presente administración (primero de diciembre de 2012 a 31 de julio de 2014) se han recibido avisos de no localización de 23 mil 234 personas; de ellas, ya se ubicó a 13 mil 444 (12 mil 821 con vida, equivalente a 95 por ciento) y ‘‘se continúa trabajando para localizar a 9 mil 790’’.

En 2011, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acordó integrar una base de datos. Los funcionarios actuales recibieron una base (…) con 26 mil 121 nombres.

Análisis internos del gobierno federal, a los que tuvo acceso este diario, señalan que en una primera revisión (durante las primeras semanas de 2013) se detectó que en 40 por ciento de los casos heredados no había una averiguación previa integrada o sólo tenían acta circunstanciada (se registra el hecho pero no hay una indagatoria), es decir, ‘‘se puede suponer que no hay ninguna clase de investigación en curso’’, se advirtió entonces. También se encontró que 18 por ciento de los casos no tenían ningún documento que describiera por lo menos la causa de la desaparición.

Ayer, la subprocuradora Benítez confirmó que la base de datos recibida no estaba ‘‘depurada ni actualizada’’. Acompañada de funcionarios federales y estatales explicó la condición de persona ‘‘no localizada’’, de quien se desconoce su paradero.

Entre las causas más comunes de esta situación se encuentra la ausencia voluntaria, por problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración dentro y fuera de territorio nacional, reclusión en algún centro penitenciario, fallecimiento o porque fue víctima de algún delito.

En un mensaje a los medios de comunicación enumeró las acciones para la construcción de una política pública en la materia. Dijo que se han actualizado actas circunstanciadas y averiguaciones previas; se trabaja en la identificación de posibles homonimias; hay comunicación con familiares, así como diligencias ministeriales en cárceles, hospitales, estaciones migratorias, asilos, albergues y centros de rehabilitación.

También se indagan los movimientos de tarjetas de crédito y teléfonos móviles vinculados con las personas no localizadas; se incluyen en lo anterior redes sociales e informáticas.

Dijo que el esquema para tratar esta situación incluye la construcción de un ‘‘plan nacional de búsqueda sistematizado’’, que tendrá un software ante mortem-post mortem para ubicar a las personas con vida, pero también avanzar en el análisis forense para su plena identificación. Anunció el establecimiento de una red nacional de procuración de justicia para la búsqueda de personas, así como de mecanismos de ‘‘búsqueda urgente’’ y de un protocolo nacional en la materia.

Destacó la reciente creación de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, y también hizo énfasis en la necesidad de mejorar las capacidades de investigación de los servicios médicos forenses de todo el país. La situación de los no localizados, subrayó, es considerada un ‘‘compromiso prioritario’’ de este gobierno.