uego de tres meses de negociaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer una sanción sin precedente en ese país contra Bank of America, entidad financiera que deberá pagar más de 16 mil 500 millones de dólares por haber comercializado activos financieros respaldados por las llamadas hipotecas basura, que detonaron la crisis financiera mundial de 2008-2009.

La sanción, histórica y saludable en sí misma, resulta, sin embargo, tardía e insuficiente para castigar actividades que tuvieron lugar por lo menos desde 2008 y que derivaron en un desbarajuste económico planetario y en las consecuentes afectaciones sociales: desempleo, marginalidad y aumento de la pobreza y la inseguridad, entre otras. Debe recordarse que, en los meses y años anteriores a la crisis económica, instituciones financieras como Bank of America se dieron a la tarea de impulsar, de manera irresponsable y ambiciosa, actividades especulativas por encima de las inversiones productivas básicas, y que con esto se pusieron en peligro y contribuyeron a colocar a la economía mundial en un estado de postración, del cual aún no acaba de recuperarse.

Si se atiende a la consideración de que dichas prácticas no fueron resultado de decisiones individuales, sino parte de estrategias corporativas planificadas y sistemáticas, es claro que casos como el comentado tendrían que llevar a los gobiernos del mundo a revisar la permanencia de un sistema legal que en estos casos personaliza las responsabilidades entre directivos o empleados de las empresas y que hace casi imposible la aplicación de sanciones para las corporaciones como tales.

No deja de sorprender, por otra parte, que la multa se imponga durante una administración tan debilitada y aislada como la que encabeza Barack Obama: maniatado por el peso de los poderes fácticos y la clase política de su país; sometido a los chantajes de la oposición republicana de cara a los comicios intermedios de este año; desacreditado ante la opinión pública internacional por la continuidad del espíritu belicista y colonialista de su antecesor, e incapaz de consumar los cambios más significativos de su agenda programática, el gobierno del político afroestadunidense podría concluir, pese a todo, con un saldo decoroso en los intentos por reducir el libertinaje en el sector financiero del vecino país.

Por último, el caso comentado arroja una perspectiva por demás preocupante para naciones como la nuestra. Si una institución bancaria como Bank of America pudo permanecer indemne durante seis años en un entramado institucional sólido como el estadunidense, cabe suponer que esa impunidad habría sido mucho mayor en México, donde las corporaciones bancarias gozan de condiciones mucho más ventajosas que en sus entornos de origen, y donde las autoridades nacionales tienen una capacidad mucho menor que sus homólogas estadunidenses para actuar frente a prácticas como las referidas.

Para colmo, con la revigorización del ciclo de reformas neoliberales que tiene lugar en la presente administración, el gobierno de México se ha colocado en una posición de mayor vulnerabilidad frente a entidades trasnacionales de todo tipo –financieras, mineras, energéticas– y ha dejado al Estado sin capacidad para defender la economía, los recursos naturales y energéticos y el medio ambiente. Pareciera ser que la consigna oficial del momento es cerrar los ojos y los oídos ante la evidencia del vasto poder desestabilizador –en lo económico, lo político y lo social– de las trasnacionales.