Una comisión de la tribu yaqui se presentó ayer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, en el Senado, para dar seguimiento a las acciones de varios legisladores que se comprometieron a ayudarlos a visibilizar la operación irregular del Acueducto Independencia, mediante el cual se trasvasan millones de litros de agua del río Yaqui al Sonora.

De acuerdo con lo pactado el 8 de agosto por los legisladores Alejandro Encinas, Ana Gabriela Guevara, Layda Sansores y Dolores Padierna, esta última presentó en tribuna un punto de acuerdo que le propone a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) suspender la operación del acueducto por haberle causado un daño irreparable a los yaquis y por no tener manifestación de impacto ambiental.

De igual forma, le sugiere a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y a la Dirección General Adjunta de Igualdad y Derechos Humanos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, que den toda la información solicitada por los indígenas para la realización de la consulta sobre la mencionada obra hidráulica.

El punto de acuerdo llama también a que se respete el derecho de la tribu yaqui a otorgar o no su consentimiento al Acueducto Independencia, luego de haber llevado a cabo la consulta mediante procedimientos culturalmente adecuados, a través de sus instituciones representativas.

Por último, se insta al Estado mexicano a crear medidas cautelares para proteger a los indígenas inconformes por el daño ocasionado a sus recursos naturales y a detener las acciones de hostigamiento en su contra.

El documento de los senadores se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Permanente para ser discutido y se espera que el miércoles 27 de agosto pueda ser votado y aprobado.