na nueva catástrofe de consecuencias imprevisibles sacude a México y en particular a Sonora; quizá sea la peor en la historia de esta importante región del país. La avaricia, la corrupción y la búsqueda de utilidades a cualquier costo, incluso de la vida y la salud de los trabajadores y las familias, llevó a la empresa Grupo México, que preside Germán Feliciano Larrea, a cometer este nuevo homicidio industrial.
La falta de control y supervisión, así como la negligencia criminal de esta empresa, condujo a que la presa de jales, donde se almacenan las aguas y lodos de desecho de la mina de Cananea, provocaran el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico y otros peligrosos y tóxicos productos químicos que se usan para la separación de los metales, como cianuro, cadmio, arsénico y varios minerales más.
Hasta ahora no se han investigado ni evaluado a fondo los efectos de este enorme descuido, ni las consecuencias que desafortunadamente tendrá no sólo para los peces, el ganado, las tierras de cultivo y la ecología de la zona, sino en los niños, personas y familias que viven de la agricultura, la pesca o la ganadería, que además son altamente dependientes en su vida diaria del agua escasa y muy valiosa que corre por los ríos, acequias y lagunas.
Como es costumbre de Grupo México, por cierto considerada por diversos organismos internacionales como una de las 10 compañías menos éticas del mundo, trató de ocultar la tragedia, no avisó sino hasta unos días después y eso es un acto de cobardía y de irresponsabilidad criminal, ya que muchas personas que utilizan esa agua para su vida se enteraron del desastre varios días más tarde.
Las consecuencias, por tanto, son inimaginables, ya que todos esos químicos son generadores de cáncer y altamente dañinos para la salud. México y el mundo entero vieron las fotos de peces y animales muertos, quizá por miles o millones, pero nadie ha mencionado la salud de los seres humanos que habitan toda esa región. Este grave ecocidio no puede quedar en la impunidad, ya que Larrea, los accionistas y directivos de esa empresa trataron de ocultarlo a la opinión pública, al igual que sucedió el 19 de febrero de 2006 cuando explotó la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, en la cual murieron 65 trabajadores y al quinto día del desastre la empresa huyó con la complicidad del entonces secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, Francisco Javier Salazar, ambos cómplices de Larrea. Dejaron abandonados 63 cuerpos que hasta hoy siguen sin rescatarse por la negligencia, la impunidad y la cobardía de Larrea y sus cómplices, pero también por la falta de decisión de los gobiernos para obligar a aquellos a dar la cara frente a las familias y cumplir la ley.
El gobierno de Sonora no ha tomado acciones serias para investigar y castigar con todo el peso de la ley a esta empresa que dondequiera que opera lleva destrucción y muerte, sea en nuestro país, en Perú por medio de las firmas Southern Perú Copper Corporation y de la explotación posible de la mina Tía María, así como en Chile o en el propio Estados Unidos, donde explota las minas de Arizona y Texas mediante la compañía subsidiaria, antiguamente la matriz, Asarco, American Smelting and Refining Company.
Hasta ahora tampoco el gobierno federal ha ido al fondo de este muy delicado asunto. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, por ejemplo, entre otras medidas, aparentemente ha determinado que para prevenir otra tragedia de esta naturaleza, Grupo México debe comprometerse a monitorear las descargas de elementos químicos en los ríos durante los próximos cinco años. Si esto se confirma, sería como poner a la iglesia en manos de Lutero. La otra decisión que verdaderamente parece irreal o increíble, es imponer una multa a Grupo México de un máximo de 20 mil salarios mínimos, equivalente a un millón 380 mil pesos, en contraste con un monto de utilidades de esta empresa durante el primer semestre de este 2014 de más de 15 mil 500 millones de pesos, o sea, apenas 0.0001% de las ganancias en el periodo mencionado. Esto es ridículo y una burla, por eso seguramente Grupo México continuará provocando contaminación.
Como lo ha señalado el Sindicato Nacional de Mineros en diferentes ocasiones, este nuevo homicidio industrial no debe quedar en la impunidad. Ni el gobierno de México ni los mexicanos debemos permanecer indiferentes porque de todos los grupos mineros del país, Grupo México tiene en sus manos, a base de concesiones del Estado, la mayor extensión de tierras que son propiedad de la nación, en condiciones a veces ilimitadas para el aprovechamiento y abuso de sus contenidos. Por lo tanto, esta compañía se ha vuelto una amenaza nacional contra el patrimonio del pueblo mexicano. En realidad se trata de un grupo parasitario formado con los bienes nacionales y a costa de la explotación despiadada y descarada de los trabajadores y sus familias.
Una decisión inteligente, humanitaria y apegada a la aplicación correcta de la justicia sería retirar la concesión a Grupo México de la explotación de la mina de Cananea, o al menos detener sus operaciones hasta que se investigue por organismos nacionales o extranjeros competentes e independientes, alcance de esta grave negligencia criminal.
También debe prohibirse a esta empresa repetir, como lo ha hecho siempre, actos cobardes de atacar al sindicato minero y a sus dirigentes para distraer a la opinión nacional de este homicidio industrial, como sucedió después de la tragedia de Pasta de Conchos o como lo intentaron la semana pasada con el escándalo amarillista de la supuesta ficha roja de Interpol.
