Un tribunal federal confirmó este martes una sentencia absolutoria en favor de Miguel Ángel Coronado, ex coordinador general de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), quien fue detenido hace seis años, durante la intervención policiaca conocida públicamente como Operación limpieza.

Colorado y otros altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron detenidos como parte de la inspección que realizó la dependencia federal ante supuestos actos de corrupción de varios funcionarios públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Con esta resolución judicial, Colorado –quien junto con el ex titular de la Seido Noé Ramírez Mandujano eran los hombres clave de la Operación limpieza– está en posibilidades de presentar una demanda civil por reparación de daño moral con la finalidad de obtener una indemnización de la PGR.

Recientemente, José Antonio Cueto López demostró los yerros cometidos por la PGR en la Operación limpieza: los fiscales lo acusaron de ser el principal publirrelacionista del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Cueto fue funcionario de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, donde trabó amistad con José Luis Santiago Vasconcelos, el fallecido ex jefe de la Seido, y el mayor Fernando Rivera Hernández.

Lanzada durante la administración del presidente Felipe Calderón contra las redes de protección federal de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, la Operación limpieza ha terminado por ser un fiasco.

De 13 personas que fueron encarceladas por este expediente, sólo queda en prisión el mayor Rivera. Además, Cueto y el comandante Francisco Javier Jiménez Sánchez fueron los únicos que no fueron detenidos y el primero tiene oportunidad de ganar el caso.

El mayor del Ejército Arturo González Rodríguez, quien también fue implicado en la operación limpieza, denunció hace unas semanas a 10 funcionarios de la pasada administración de la PGR por haberle fabricado una indagatoria con testigos protegidos para acusarlo de colaborar con los Beltrán Leyva.

La visitaduría general de la PGR inició la averiguación previa contra los probables responsables, con base en las sentencias absolutorias de primera y segunda instancias, en las que los juzgadores ratificaron que las acusaciones contra el militar eran falsas.

Los denunciados son Guillermina Cabrera Figueroa, Martín Marín Colín, Faustino Angulo Soberanes, Angélica Herrera Rivero, Antonio Vélez Carbajal, José Luis Leyva Martínez, Sandra R. Hernández Zetina, Heriberto de la Sancha Salgado, Óscar Ramírez Saldaña y Arturo Cortez Calva.

Todos ellos participaron en la integración de la averiguación previa contra el mayor, y algunos aún trabajan en la Seido.