Trabajadores de la sección 65 del sindicato minero, pertenecientes a Cananea, señalaron que tras siete años de resistencia se mantienen ‘‘congeladas’’ en tribunales sus demandas contra Mexicana de Cananea, de Grupo México. Ratificaron que en busca de una solución integral a esta problemática, la madrugada de este miércoles 20 de agosto realizarán la toma pacífica de la empresa.

Explicaron que la ocupación de las instalaciones de la mina es una acción tendiente a buscar un acercamiento con el gobierno federal, en particular con la Secretaría de Gobernación (SG), para plantearle la posición de los trabajadores en este conflicto y propiciar que se siente a la empresa a negociar una salida a este problema que los mantiene sin trabajar.

‘‘Queremos que nos escuche este gobierno y pongamos en la mesa cada uno de los puntos del por qué nos fuimos a la huelga, ya que desgraciadamente en los tribunales federales no avanzan las demandas’’ y se ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), según explicó Heriberto Verdugo, delegado del comité ejecutivo nacional del sindicato minero a nivel regional y del estado de Sonora.

Recordó que hace siete años, más de mil trabajadores de Mexicana de Cananea se fueron a huelga por falta de seguridad en esta mina, luego de la muerte de muchos trabajadores ‘‘terciarios’’. Ahora, con el reciente derrame de químicos que se provocó, afectando a 48 poblaciones de la región, ‘‘vemos que la razón nos asiste’’.

Sin embargo, dijo, la empresa, ‘‘en una maniobra legaloide’’, obtuvo el desconocimiento de la huelga, y en una acción en la que participaron militares, fuerzas federales, estatales y municipales recuperó las instalaciones supuestamente ‘‘despidiendo’’ a todos los trabajadores.

Esta sección minera interpuso un amparo laboral, el cual ‘‘no ha avanzado en lo mínimo’’, está ‘‘congelado’’. A los trabajadores, dijo el organismo sindical, además de que les quitaron el empleo también los dejaron sin asistencia médica y continúan reprimidos; asimismo, sus familiares son impedidos de entrar a laborar a la empresa.

Por su parte, la organización Familia Pasta de Conchos señaló ayer que se ratifica la condición de Grupo México como ‘‘empresa socialmente irresponsable’’, porque además de que se mantiene ‘‘impune’’ el siniestro en el que perdieron la vida 65 mineros en Pasta de Conchos, ahora la empresa puso en riego la vida no sólo de sus trabajadores, sino de 22 mil habitantes de unas 48 comunidades de siete municipios de Sonora, entre ellos San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.

Lo anterior, debido al derrame del 8 de agosto, luego de que su complejo Buenavista del Cobre, en Cananea, vertió negligentemente al río Sonora al menos 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y metales pesados dañinos, confirmando su característica de ‘‘socialmente irresponsable, al afectar no sólo la vida humana, sino la agricultura, ganadería y turismo’’ de la región.

Esta organización demanda que el Estado mexicano no proteja más a Grupo México y determine el rescate de los restos de los 63 mineros que aún yacen en Pasta de Conchos.