Ignacio Cabrera, director ejecutivo de Fomento y Programas del Instituto de Vivienda (Invi), defendió la norma 26, creada en 1996 para incentivar la construcción de vivienda de interés social y popular, ante el intento de sustituirla por las normas 30 y 31.

El arquitecto de profesión destacó la necesidad de reforzar ese ordenamiento para favorecer a los más necesitados y expuso que el Invi propone a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) adicionar varios elementos para evitar el abuso de las constructoras.

Es necesario fomentar la construcción de vivienda popular y social mediante la aplicación de la ley, sin codicia de los desarrolladores inmobiliarios y la corrupción de los funcionarios, que no han respetado el uso de suelo en la ciudad, afirmó el funcionario en su intervención en el foro Hacia un desarrollo urbano, ordenado y sustentable en el Distrito Federal, organizado por la ALDF.

Añadió que ante el abuso que se ha hecho de la norma 26, se hace necesario garantizarla en materia de interés social y popular, ajustando los criterios de la misma, para promover la construcción de vivienda incluyente con rangos de valor coherente con la capacidad económica de la población a la que va dirigida, vincularla con las redes de transporte existente, así como con la capacidad de infraestructura hidráulica.

Propuso a la ALDF retomar varios elementos que el Invi propone para evitar el abuso de las empresas inmobiliarias, entre éstos, que los certificados de zonificación que se expidan al amparo de la norma 26 “incluyan los datos de identificación del interesado, así como del responsable de obra, lo cual permitiría disminuir el riesgo de procedencia de amparos y de otros medios de defensa, por tratarse de actos previamente consentidos, y sancionar penalmente a quien no acate esos lineamientos.