yer, en el foro de evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se realiza en la Cámara de Diputados, legisladores y representantes de organizaciones humanitarias independientes coincidieron en los señalamientos críticos al organismo que preside Raúl Plascencia. La semana pasada, en el mismo foro, la CNDH había recibido ya duras críticas por su falta de apoyo a los familiares de los 49 niños muertos en el incendio de la Guardería ABC (Hermosillo, Sonora, junio de 2009); su tibieza ante las masacres de migrantes perpetradas en San Fernando (Tamaulipas, agosto de 2010 y abril del año siguiente); su aval a reformas legales que contravienen la libertad de expresión o, peor aún, que autorizan a las fuerzas del orden emplear armas de fuego contra manifestantes, como la que en días recientes intentó imponer el gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, y su falta de comunicación casi total con los grupos ciudadanos de promoción y defensa de derechos humanos.

En tales señalamientos coincidieron representantes de organismos como los centros de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Fray Matías de Córdova, Artículo 19 capítulo México, Observacom, y las fundaciones Fundar y para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como legisladores del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los cuales coincidieron en que durante la gestión de Plascencia la CNDH ha incumplido su mandato constitucional y señalaron que la institución ha sido tibia, muda, callada, vaga, opaca, ineficiente, legitimadora e incluso cómplice ante abusos cometidos por funcionarios públicos. El malestar de los participantes en el encuentro se agravó por la ausencia del titular del organismo, quien optó por enviar en su representación a empleados menores de la CNDH.

Según asistentes al encuentro, particularmente insatisfactorio ha sido el desempeño del ombudsman nacional ante los excesos represivos perpetrados en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, en los que un menor murió, con base en los indicios disponibles, tras ser alcanzado en la cabeza por una bala de goma disparada por policías estatales.

Del balance general puede concluirse que la CNDH ha venido operando en años recientes no como organismo de Estado sino como dependencia gubernamental supeditada a las autoridades ejecutivas. Semejante extravío genera una exasperante indefensión de los ciudadanos ante los excesos y atropellos de servidores públicos, alienta la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos, debilita el estado de derecho y profundiza el descrédito de las instituciones ante la opinión pública, fenómeno de por sí grave, generador de desánimo e ingobernabilidad.

La instauración de la CNDH fue resultado de incontables luchas sociales y empeños individuales por construir un país más supeditado a las leyes y un Estado menos discrecional y arbitrario. Es inadmisible que todos esos esfuerzos, por no hablar de los presupuestos públicos otorgados al organismo, estén siendo malbaratados y desvirtuados por una conducción que, a juicio de los activistas humanitarios y de otros sectores, ha quedado por debajo de las exigencias ciudadanas y que no ha sido capaz de desempeñar a plenitud su mandato constitucional. Es claro que en materia de derechos humanos México necesita de una CNDH resuelta, con dirección clara y ajena a compromisos políticos, capaz de cumplir su enmienda de corregir los excesos del poder público.