as organizaciones Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgraoac), Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), y la Asamblea de Pueblos Populares de Guerrero (APPG), cuestionaron de modo severo en estos días la labor de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum).

Lo anterior ocurre cuando el organismo aún no supera la crisis por la muerte de su fundador y presidente vitalicio, Juan Alarcón, y de que su sucesor, Ramón Navarrete Magdaleno, fuera designado por el gobernador Ángel Aguirre en una operación cuestionada por las organizaciones.

El problema, sin embargo, no es de simpatías. El 4 de junio las policías estatal y federal, soldados y marinos, recuperaron los pozos que proveen agua del río Papagayo a Acapulco, tomados en esos días por opositores a la presa La Parota, que exigían la liberación de uno de sus compañeros. El coordinador regional de la Coddehum en Acapulco, Concepción Bedolla Vega, acudió a verificar que no se cometieran excesos.

Llegó en helicóptero junto con el asesor del gobierno estatal, Ernesto Aguirre Gutiérrez y el secretario de Seguridad estatal, Leonardo Vázquez, y se retiró con ellos minutos antes de que la operación policiaca comenzara. Los campesinos no repararon en su presencia.

En agosto del año pasado, en Coyuca de Benítez, el dirigente del Partido Comunista, Raymundo Velázquez, fue asesinado y la procuraduría de justicia inculpó a cinco jóvenes de una organización con la que compartían movilizaciones.

La Coddehum asumió su defensa con abogados que viajaban desde Chilapa a pesar de que en Acapulco hay una sede y otra en Tecpan, pero hace dos meses los abandonó a su suerte.

Las organizaciones dicen que ahora la Coddehum cuida no molestar al gobierno estatal. En el fondo, Navarrete Magdaleno no ha logrado convencerlas de su independencia respecto a quien lo puso en el cargo que ostenta.