El seguro de desempleo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto –aprobado en marzo en la Cámara de Diputados y pendiente en el Senado– es de cobertura limitada e impone condiciones más rígidas y restrictivas que en otras naciones, advierte un análisis publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Cuestiona que los recursos para el seguro se tomarán de los propios trabajadores a través de sus cuentas de vivienda porque podrían terminar en manos privadas y las principales beneficiarias serían las administradoras de fondos para el retiro (Afores), como lo han sido con la privatización del sistema de pensiones.

Otros riesgos son que se vulnera la capacidad de los trabajadores para adquirir una vivienda porque se contrapone este derecho con el otro de contar con un seguro del desempleo, al tiempo que los fondos del Infonavit pueden mermarse, aún cuando los diputados establecieron que éste conserve los recursos durante tres años, antes de que el trabajador determine qué Afore administre su cuenta individual si ofrece un mayor rendimiento que dicho organismo.