a sido un acierto sacar de la penumbra en que se encontraba el tema del salario mínimo y con él lo que viene aparejado: los demás derechos de los trabajadores, el sector social de la economía tan postergado y otras cuestiones afines relacionadas con la justicia social. El mérito ha sido de Miguel Ángel Mancera, quien propone el incremento a los sueldos, situación indispensable, así como dejar de usarlos como una unidad económica para la imposición de multas y otras finalidades que desnaturalizan el concepto.
El deterioro del salario mínimo es evidente, es tanto una causa como un efecto de la espiral de la pobreza y la desigualdad en la que estamos metidos. A menor poder adquisitivo del salario, mayor desigualdad social y el incremento acelerado de la economía informal y de la delincuencia.
A partir de la promulgación de la Constitución de 1917 (de la que debemos sentirnos orgullosos a pesar de las amputaciones y deformaciones que ha sufrido), nuestro sistema jurídico incorporó al lado de las garantías individuales, las garantías sociales, que no son otra cosa que el reconocimiento de que existen sectores en la sociedad que requieren una protección especial por su vulnerabilidad derivada de razones sociológicas o económicas, como es el caso de los trabajadores frente a los empleadores, los campesinos ante los grandes terratenientes, transportistas y comerciantes o los consumidores frente a las impersonales empresas modernas.
Desde 1917, al lado de los derechos privado y del público, se reconoció al derecho social. El derecho privado regula relaciones de igualdad entre particulares; el público las relaciones desiguales entre gobernantes y gobernados. El social, por su parte, tiene como finalidad equilibrar las desigualdades que hay entre sectores o categorías sociales; el derecho social es un derecho protector de quienes se encuentran en desventaja y requieren de normas específicas para su protección. Es el caso de las reglas del artículo 123 constitucional que sustraen la relación empleador-trabajador del derecho civil en el que la voluntad es la suprema ley de los contratos y establece normas que garantizan un mínimo de ventajas para la parte más débil.
Hace ya un tiempo, criterios del liberalismo clásico han ido imponiéndose con la consecuente postergación de las garantías sociales; cualquier observador se percata de que la pobreza avanza, la informalidad se extiende como una defensa casi desesperada y la desigualdad entre los que tienen todo en abundancia y quienes apenas sobreviven se profundiza. La oportuna llamada de atención de Mancera sobre el problema del salario, lleva a dos reflexiones: la primera es que se confirmó la falta de imaginación y el oportunismo de los panistas que ansiosos de rescatar la imagen de su partido que ellos mismos han empobrecido y ensuciado; materialmente, se colgaron de la idea inicial del Jefe de Gobierno y proponen una consulta que por obvia es inútil y tramposa.
La otra reflexión se refiere a la situación de los trabajadores que tienen como empleador al gobierno de la ciudad. La propuesta de Mancera no se queda en las palabras, sino que se revisan ya los salarios para incrementarlos, especialmente los que están en la parte baja del escalafón.
Otro sector en el que habrá que pensar, es el de los trabajadores que laboran contratados por honorarios, que frecuentemente tienen que sobrevivir meses con créditos y solidaridad familiar, esperando que les cubran su pago. Uno más es el uso frecuente de intermediarios, especialmente en las labores de limpieza y vigilancia, que son siempre fuente de abusos e injusticias, altas ganancias para el intermediario y salario mínimo e inseguridad para el trabajador.
La oportuna llamada de atención sobre el tema laboral viene a sumarse a los otros que no pueden evadirse: la pérdida de soberanía, el autoritarismo y la inseguridad. Si uno de los problemas se atiende, los demás mejoran.
