n los noventas se presagiaba que los ejidos tenderían a desaparecer.
En las pasadas dos décadas ocurrió –en términos de superficie, núcleos y sujetos agrarios– una expansión moderada y constante de la propiedad ejidal y comunal. Al comparar los resultados de los censos ejidales 1991 y 2007, se observan un mayor número de ejidatarios y comuneros (20 por ciento), un incremento moderado del número de núcleos agrarios (5 por ciento) y una expansión leve de la extensión territorial bajo régimen ejidal o comunal (3 por ciento).
En 2013, el Ejecutivo federal estimó que existen 31 mil 893 núcleos agrarios –29 mil 533 ejidos y 2 mil 360 comunidades–, mil 910 más de los registrados en 1991 (DOF,16/12/2013 y Inegi, 1991) cuyo crecimiento tuvo un auge importante entre 2001 y 2007 con mil 209 nuevos ejidos y comunidades.
La Ley Agraria reconoce cuatro categorías legales de sujetos agrarios: ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios. Entre 1991 y 2007, 2.13 millones de individuos fueron reconocidos por las autoridades ejidales y comunales como integrantes del sistema ejidal. El mayor número de sujetos agrarios se registró en Oaxaca (790 mil), estado de México (563 mil) y Chiapas (501 mil).
La Ley Agraria contempla tres tipos de áreas en el ejido –uso común (65 por ciento), parcelas (32 por ciento) y solares urbanos (3 por ciento)– de las cuales se acredita el dominio o acceso por medio de certificados distintos. Los datos nacionales agregados indican que, entre 1991 y 2007, se dio un incremento total de 5.83 millones de hectáreas de la superficie parcelada y de 2.59 millones de áreas de uso común.
La posibilidad de adoptar el dominio pleno, establecida en la reforma constitucional de 1991, no desencadenó una privatización masiva de tierras ejidales. Según el censo 2007 el 4.5 por ciento de la superficie ejidal y comunal adquirió esta categoría, aproximadamente 4.66 millones de hectáreas. Incluso, para diciembre de 2013, los registros del RAN indican una proporción menor: el 3 por ciento, que equivale a 2.86 millones de hectáreas. Esta tendencia se asocia a zonas periféricas de expansión urbana y actividades turísticas. Pero la adopción del dominio pleno no desemboca necesariamente en la compra-venta de tierras ejidales. En escala nacional, entre 1997 y 2007, las tierras en dominio pleno superan –por más de 1.56 millones de hectáreas– la superficie reportada como vendida.
Según el censo 2007, 20 mil 989 núcleos agrarios –es decir 66.6 por ciento– reconocen operaciones de compra-venta de tierras ejidales: 73.2 por ciento en donde los ejidatarios mismos se compran entre sí, 11.1 por ciento a avecindados o posesionarios y 28.5 por ciento a personas ajenas al ejido. Pero cuando observamos este fenómeno en términos de superficies, entre 1997 y 2007, sólo 2.9 por ciento de las tierras de ejidos y comunidades participaron en el mercado de tierras.
En México existen aproximadamente 5 millones de campesinos, conformados por 3.8 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 1.6 millones de propietarios privados. Sus fuentes de ingreso se han modificado drásticamente. El ingreso no salarial asociado a producción agrícola se ha reducido y el ingreso total por unidad de producción disminuyó también. El salario por actividades no agrícolas es la principal fuente de ingreso para todos con excepción del más pobre, y para éste, la principal fuente de ingreso son las transferencias públicas. Para muchas familias las remesas se han constituido en fuente decisiva de su ingreso.
La persistencia de la propiedad campesina en pequeña escala acompañada de una conversión de los productores rurales en trabajadores informales precarios es el principal reto a resolver hoy con intervenciones públicas.
Estos datos forman parte de un texto que estoy elaborando con Santiago Ruy Sánchez, del Colegio de México. Recomiendo además el texto de Héctor Robles (FAO, 2011) sobre mercado de tierras.
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