16 de agosto de 2014     Número 83

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

Reforma del Campo

Decreto para nueva política agroalimentaria y nutricional,
la apuesta de las organizaciones


FOTO: El Barzón Nacional

Lourdes Rudiño

Pareciera que la reforma del campo está empapelada, que con palabras, largos documentos –un acuerdo marco, una propuesta de decreto, los llamados 12 puntos y más– lo que se intenta es meter en la retórica las intenciones gubernamentales y las demandas campesinas. Pero no. De acuerdo con dirigentes de las organizaciones que marcharon el 23 de julio en la Ciudad de México y varias entidades de la República, hay interés serio por definir compromisos de política pública, con recursos presupuestarios asignados, a la mayor brevedad, aunque es un hecho que el gobierno federal no ha formalizado aún planteamiento alguno.

La marcha del 23 de julio se enfocó fundamentalmente en el tema de la reforma del campo, si bien entonces lo más candente estaba en la reforma energética –hoy día ya con sus leyes secundarias aprobadas por el Senado– y allí se dio a conocer el documento “Movimiento en defensa del territorio y el derecho a la alimentación. Ruta de diálogo”, avalado por todas las agrupaciones marchistas y con un contenido de 12 puntos.

Posteriormente se hizo público un “borrador preliminar para la discusión” de un “Acuerdo marco para la reforma del campo”, de casi 30 cuartillas, y el cual en algunos párrafos contiene extractos literales del Plan Nacional de Desarrollo del sector agropecuario 2013-18. En varios medios periodísticos, se difundió que este documento sería el plan propuesto por el gobierno para avanzar en la reforma del campo, pero no es así.

En entrevistas separadas, Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón, y Max Agustín Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), aclararon que el “Acuerdo marco” es simplemente un documento donde se plasmaron diagnósticos, ideas, propuestas y demás presentadas en los foros de consulta de la reforma del campo. Surgió de una reunión conducida por René Villarreal Arrambide, coordinador general de Planeación Estratégica de la Secretaría de Agricultura, en la Comisión Redactora de la reforma.


FOTO: AMUCSS

Pero ese borrador no significa nada. “Es algo insuficiente, no podría ser la posición de Sagarpa y mucho menos la de quienes hemos estado participando allí. Es apenas un esbozo pero incompleto, que a nadie dejó satisfecho”, según Max Correa. “El documento marco era como un resumen de lo que cada uno iba diciendo allí (…) El problema es que Sagarpa no ha hecho ningún planteamiento. El acuerdo marco no sirve”, señaló Ramírez Cuellar.

Ambos explicaron que el documento que realmente está sirviendo de base para avanzar en la deliberación de la reforma del campo es una propuesta de “Decreto mediante el cual se constituye el Sistema Nacional de la Reforma del Campo Mexicano y de la nueva política agroalimentaria y nutricional”.

¿Gea sí,
efesto no?

Hoy todos defendemos la tierra. La defienden las redes que luchan contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales y en general contra megaproyectos que depredan el territorio de los pueblos. La defienden también las coordinadoras campesinas que ven en las leyes reglamentarias de la reforma energética una amenaza a la propiedad social de tierras ejidales y comunales.

Y está bien oponerse al despojo de los lugares que habitamos y trabajamos. Por desgracia, la pasión con que hoy se reivindica la superficie faltó cuando se trataba de preservar los recursos del subsuelo. Porque paradójicamente muchos de los que hoy se oponen airadamente a la privatización de sus tierras no se opusieron con las mismas ganas el año pasado a la reforma constitucional que privatizó el petróleo y antes a la entrega de los recursos mineros. Es como si se sintieran más agraviados por las leyes secundarias que ponen en riesgo a su pueblo o a su ejido, que por la reforma constitucional que pone en riesgo al país entregando a las trasnacionales la explotación de bienes naturales estratégicos propiedad del conjunto de los mexicanos.

Es entendible la diferente actitud. Todos amamos la belleza de las tierras, montes y ríos en que habitamos, no así la fealdad del petróleo o el hierro que se ocultan bajo la superficie. Y sin embargo los necesitamos a los dos: el patrimonio de cada quien y los recursos naturales de todos.

De la cultura grecolatina recuperamos a Gea, la de anchas espaldas, primera divinidad después del Caos, madre de todos los dioses. Y también a Demeter, la de hermosa cabellera, que reina sobre los campos cultivados. Y junto a ellas una avecindada de origen asiático: la exuberante, montañosa y salvaje Cibeles… En cambio nos place menos Efesto –que los romanos llamaron Vulcano– contrahecho dios del fuego y del inframundo, causante de terremotos y erupciones, inventor de las artes metalúrgicas, forjador de artilugios bélicos.

Pero ambos mundos son parte de una misma vida. “La tierra, decía Homero, es la madre de todas las cosas”. Sí, la tierra de arriba y la tierra de abajo, el mundo luminoso y el oscuro inframundo.

Aún estamos a tiempo: defiende tu petróleo como defiendes tu tierra. La consulta vinculante es una posibilidad. Exígela. (AB)

Este planteamiento, de 11 cuartillas, está hoy en manos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y las organizaciones campesinas que lo suscriben aspiran a que se convierta en un decreto presidencial que incida sobre la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, el cual, está previsto, sería presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso el 8 de septiembre.

Según Ramírez Cuellar, para los campesinos se concretaría así la reforma del campo, pero “si el gobierno federal se quiere aventar con todo este tema de reformas legislativas, tendría que seguir otro curso”.

Completó Max Correa: “Hemos pensado que meternos en el laberinto de las reformas legislativas para la reforma del campo es muy riesgoso frente a lo que queremos. Vale más un acuerdo con el Presidente que se exprese con un decreto. Le apostamos a que algunas de las medidas esenciales para la transformación del campo que hemos estado proponiendo se plasmen en ese decreto y que así nos evitemos el asunto de ir a hacer vallas, que se discutan iniciativas de reformas de leyes y que salga allí un Frankenstein”.

Cabe recordar que en enero el gobierno federal anunció el proceso de la reforma del campo y el 7 de mayo el titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, dio el banderazo a una serie de foros temáticos, estatales y nacional, cuyos resultados, dijo entonces, “habrán de ser procesados y (en) lo que tenga cambios a nuestra legislación, habrán de hacerse llegar a la Cámara de Diputados federal, y darle el trámite para las reformas a las leyes. (En) lo que implique reformas a las políticas públicas, esas se harán directamente por el Ejecutivo, una vez que vayamos tomando los acuerdos que tanto hemos planteado”.

Ambos entrevistados consideraron que la propuesta de decreto sí tiene posibilidades de éxito. “Hay interés por lo menos de la Secretaría de Gobernación (Segob), y se autoriza en todos los puntos o no hay acuerdo y la lucha sigue”, según Ramírez; “el decreto debe expresarse en el presupuesto, así lo reconoce Segob”, según Correa.

Max Correa comentó que el decreto debe ser analizado tanto por la Consejería Jurídica de Presidencia como, conjuntamente entre las organizaciones y los titulares de las secretarías de Estado involucradas, básicamente Hacienda, Sagarpa, Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Ello por supuesto evitaría conflictos de contraposición con la legislación existente.

“Lo que estamos proponiendo son medidas de carácter financiero, económico y presupuestal, tratando de rescatar 40 mil millones de pesos (del presupuesto, presentes en una serie de programas dispersos, particularmente de la Secretaría de Agricultura) para apuntalar la productividad de la economía agrícola campesina y familiar. Eso es fundamental. Un programa de crédito para el minifundio ejidal comunal y privado, con tasa de un dígito y con garantías naturales, con seguro al ingreso, con coberturas de precios. La creación de una comercializadora del gobierno que además haga compras de las cosechas de la agricultura campesina y familiar (que irían al abasto de instituciones de gobierno, escuelas, hospitales, cárceles, etcétera), para equilibrar la actuación de los monopsonios en el mercado de granos. Y queremos certeza de parte del gobierno en lo que resta del sexenio para que tengamos todo esto que comento”.

Alfonso Ramírez destaca de la propuesta de decreto la creación de un “Consejo nacional para la autosuficiencia alimentaria y nutricional”, que sería encabezado por el Presidente de la República. “No queremos ya ninguna reunión intersecretarial, sino un Consejo especial que además integre áreas fundamentales: dos conferencia nacionales, una sobre la situación nutricional específicamente y otra sobre la cuestión agroalimentaria. También planteamos crear un sistema de evaluación y rendición de cuentas.

“Y proponemos cinco acciones de cambio: una, garantizar que al 2018 tengamos cubierto el abasto con 80 por ciento de producción nacional. Es decir, el establecimiento de metas de producción, con una nueva priorización de regiones y con acento en aquellos sectores donde se encuentra un mayor potencial productivo, que son los pequeños y medianos productores. El otro tema es la entrada del Estado a competir en materia de producción y comercialización de semillas y fertilizantes, y la constitución de una nueva empresa pública que entre a competir en el mercado de acopio y comercialización con leche, café, maíz frijol arroz y trigo, con el 30 por ciento de las cosechas, que actúe como almacén general de depósito y establezca un sistema nacional de rehabilitación de almacenes del sector público y social. Otro planteamiento es la creación de un banco agrícola a partir de la unificación de todos los fondos y fideicomisos, mandatos y programas, coberturas; que todo se concentre en una sola institución.


FOTO: El Barzón Nacional

“Un punto más es reestablecer la obligación del Estado de dotar a los agricultores pequeños y medianos cuotas en materia energética, de semillas, fertilizantes, combustibles y crédito, sobre todo por el problema de encarecimiento de costos de producción y caída de precios que sufre el agro y que se está agudizando. Y por último, planteamos medidas muy concretas de tecnificación del riego, para que de aquí al 2018 se alcance un millón y medio de hectáreas tecnificadas”.

Según Correa, la ruta crítica prevista inicialmente era llegar a acuerdos sobre esta propuesta de decreto el 8 de agosto, “pero me da la impresión que no quieren hacer nada hasta que la (priista) Confederación Nacional Campesina (CNC) se organice internamente. No quieren hacer nada con el dirigente que ya se va; cambian de dirigente el 28 de agosto”.

Ramírez Cuellar considera que concretar el decreto es ineludible. “Lo que planteamos son los puntos mínimos. Ya nos dieron un golpazo con la reforma energética. Tiene que haber una serie de medidas que establezcan una protección y un fortalecimiento del sector agroalimentario y nutricional después de los cambios en materia energética. Si no, va a seguir la lucha”.

Peladito y en la boca

Diez genuflexiones petroleras de Peña

Armando Bartra

Hace años, cuando otro gobierno privatizador quiso vender parte de la industria petroquímica, no encontró compradores. Eso pese a que estaba dispuesto a rematar las instalaciones y garantizaba el abasto a la materia prima a precios subsidiados.

Ahora temen que suceda lo mismo. Y es que sin duda las grandes corporaciones van tras nuestros hidrocarburos pero para invertir exigen privilegios. El gran capital lo quiere todo y Peña no puede negarse pues, obsesionado por privatizar, apostó el país en el casino de las trasnacionales.

1

Primero dijo que les cedería la renta aunque, para guardar las formas, el petróleo del subsuelo seguiría siendo nuestro. Sin embargo las corporaciones exigieron poder incluir a los yacimientos en sus activos. Peña se los concedió.

2

También dijo que se les pagaría en dinero y no en especie. Pero las compañías exigieron cobrar en petróleo y por medio de los contratos de “producción compartida”, Peña se los otorgó.

3

Todos los contratos tienen un tiempo de vigencia, pero las petroleras demandaron que en su caso la Ley dejara abierto el plazo. Peña lo aceptó.

4

Sin siquiera dar las gracias, las empresas reclamaron privilegios fiscales. Obsequioso Peña les concedió un régimen de excepción que los exime del IVA y sólo pagarán regalías del 14 por ciento (en Canadá pagan 50 por ciento), además de que podrán deducir costos, gastos e inversiones, y si trabajan en aguas profundas se les regresarán impuestos. ¿Se les ofrece algo más?

5

Ya puestas a pedir, demandaron la seguridad de que sus emprendimientos no serían obstaculizados por los dueños de la tierra. De inmediato los legisladores de PRIAN crearon figuras como las servidumbres y las ocupaciones temporales, para allanar cualquier oposición.

6

A continuación las corporaciones globales exigieron que sus contratos pudieran impugnarse fuera de nuestra jurisdicción y en tribunales internacionales. Peña les dijo que aquí los tribunales no son problema pero, ni tardo ni perezoso, les otorgó la extraterritorialidad jurídica.

7

Entonces demandaron más flexibilidad en las normas ambientales. Para concedérsela se creo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, órgano desconcentrado que quitará a las comisiones de la Semarnat la función de valorar el impacto ambiental de los emprendimientos.

8

Más tarde dijeron que no solo querían el petróleo, también necesitaban saber dónde está, es decir acceso a la información reservada que tiene el gobierno. En respuesta se autorizó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos les entregara gratuitamente toda la investigación prospectiva de carácter geológico y geofísico.

9

Las megacorporaciones dijeron también que no querían competencia desleal por parte de las ahora llamadas “empresas productivas del estado” y Peña ató de manos a Pemex condenándolo a la quiebra y la extinción.

10

Finalmente se les ocurrió que sería bueno abaratar aún más la mano de obra. De inmediato el PRIAN legisló para eximir a los tiburones de la energía de conceder a sus trabajadores derechos adquiridos como el reparto de utilidades.

Y si esto sucede ahora en que se están fijando las reglas del juego, imagínense lo que ocurrirá cuando el nuevo marco jurídico empiece a operar y los dineros a correr. La codicia de las trasnacionales es tan inagotable como inaudita es su capacidad de chantaje, y el apocado grupo gobernante puso al país en sus manos…

La inscripción que Dante y Virgilio encontraron en la entrada del infierno describe bien el futuro de los mexicanos si no nos detenemos a tiempo: “Por mí se va a la ciudad del llanto; por mí se va al eterno dolor; por mí se llega al lugar donde moran los que no tienen salvación (…) ¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!”.

No entremos. Aún queda la consulta.

 
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