Reforma del Campo

Algunos planteamientos

FOTO: AMUCSS

Propuesta de Decreto mediante el cual se constituye el Sistema Nacional para la Reforma del Campo Mexicano y la nueva Política Alimentaria y Nutricional

–“El presente decreto es un nuevo acuerdo social, una nueva cruzada por la producción nacional de los alimentos. El reto mayor es reorganizar y movilizar recursos y programas públicos para vincularlos al bienestar y a la productividad, asegurando el ingreso justo y la prosperidad de aquellos que junto con sus familias se dedican a producir alimentos.

–“Es imperativo unificar programas, recursos, fondos, fideicomisos instituciones y dependencias, debido a que su dispersión reduce la eficacia y eficiencia de la intervención del Estado y de los recursos públicos. Los programas de asistencia, a fondo perdido y de transferencias monetarias deben estar vinculados con el capital de riesgo que el Estado debe incrementar con el apoyo de las fuentes financieras, con asesoría y capacitación”.

–Todos los programas de asistencia deben implicar responsabilidades sociales, pero también vinculación crediticia y objetivos de producción.

–Los objetivos del Sistema son elevar la producción de alimentos y la productividad del trabajo agrícola, generar empleo, promover inversiones, disminuir la pobreza y la desigualdad, proteger el medio ambiente y los recursos naturales y garantizar el desarrollo integral de las comunidades rurales.

–El Sistema implica cambios institucionales. Se integrará por instancias donde tengan presencia el gobierno federal y estatales y organizaciones campesinas, así como institutos de salud y nutrición: “el Consejo nacional de la autosuficiencia y la seguridad  alimentaria y nutricional, la Conferencia nacional sobre producción alimentaria y desarrollo rural, la Conferencia nacional sobre nutrición y acceso a la alimentación, el Organismo de información y evaluación de la política alimentaria y nutricional y el Secretariado ejecutivo del Sistema”.

–El Consejo  nacional, con reuniones semestrales, tendrá las atribuciones de elaborar y definir metas programas y estrategias en materia de producción de alimentos y las de desarrollo rural en las comunidades; también deberá definir el programa de reordenamiento  del mercado agroalimentario  y las medidas que garanticen el acceso a la alimentación sana y nutritiva de toda las y los mexicanos. Las conferencias nacionales se celebrarán cada 12 meses y tendrán como objetivo  la evaluación de programas y estrategias en sus respectivas materias y la formulación de  propuestas y programas que serán presentados ante el Consejo nacional y ante las Cámaras de Diputados y Senadores. El organismo de información se integrará con miembros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y será independiente y autónomo. Presentará una evaluación ante al Consejo nacional cuando menos cada año.

–“Se establece el compromiso, los programas y las acciones para garantizar que en  2014-18 se cumplirán las metas de producción de alimentos para abastecer el 80 por ciento de la demanda de consumo de alimentos de la población mexicana. Las nueva metas de producción se darán en aquellos productores  que son detonantes de mayores empleos, los que representan un déficit mayor en la balanza comercial, los más sensibles a los efectos del cambio climático y a la volatilidad internacional de precios, los que son fuente de subsistencia de millones de familias y contribuyen en mayor medida con la dotación de energía alimentaria y nutricional y los que pueden promover y consolidar mercados regionales.  El incremento de la producción se dará sobre la base de nuevos  polígonos  para garantizar el equilibrio y la prosperidad regional”.

–“Se presenta formalmente  la solicitud ante la Comisión Federal de Competencia para que inicie una investigación y la evaluación sobre los niveles de competencia, concentración y dominancia, de prácticas anticompetitivas y de medidas de regulación al mercado agroalimentario (…)”.

–“Se constituye una empresa pública que participe en el mercado de acopio y comercialización de hasta 30 por ciento de las cosechas de maíz frijol trigo, arroz, leche y café (…) también funcionará como almacén general de depósito y tendrá la capacidad de emitir certificados de depósito y créditos a la comercialización mediante los bonos de prenda. La nueva empresa deberá  promover la existencia de reservas de granos, ordenar la oferta de alimentos, fortalecer mercados nacionales y reconstruir un sistema nacional de almacenamiento de propiedad pública y social”.

–“Se constituye un sistema de compras públicas para garantizar que el abasto de alimentos de las instituciones de los gobiernos de los tres niveles provenga por lo menos en 40 por ciento de los productores directamente, sobre todo de pequeños y medianos”. Escuelas, centros de salud y hospitales estarán obligados a adquirir 70 por ciento de sus requerimientos alimenticios con productos no procesados para mejorar la calidad nutricional y la sustentabilidad ambiental.

–“Se unifican fondos programas, fideicomisos, seguros coberturas, en una sola institución crediticia”.

Los 12 puntos En la marcha campesina del 23 de julio, las organizaciones hicieron público el documento “Movimiento en defensa del territorio y el derecho a la alimentación. Ruta de diálogo”, que contiene 12 temas, y que buscaba la instalación de una mesa de diálogo entre organizaciones campesinas e indígenas y el gobierno federal, mesa que sí fue instalada. Éste es un resumen de los 12 temas: 1 Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar, con reformulación de la estructura programática del Presupuesto Especial Concurrente (PEC) a partir de una base cero de carácter multianual (con hasta 40 mil millones de pesos). 2 Aprobación de la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación.   3 “Programa nacional de financiamiento a la pequeña y mediana agricultura familiar”, con crédito productivo, tasas de un dígito, seguros, garantías naturales y administración de riesgos para el minifundio social y privado, y reforma a la banca de desarrollo. 4 Creación de una empresa pública para participar en el mercado de acopio y comercialización de granos, y en la producción y distribución de insumos esenciales, que implique la reconstrucción de un sistema de almacenamiento público y social, para garantizar ingreso justo al productor y precios accesibles al consumidor. Realización de compras gubernamentales a la agricultura campesina y familiar, así como la creación de una reserva estratégica de granos y alimentos con sistema de almacenes y red en frío. 5 Decreto presidencial para poner en práctica el Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado a los Pueblos y Comunidades, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como para cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU para comunidades campesinas. 6 Defensa, impulso y promoción de los derechos humanos. Derogación de las inconstitucionales “leyes bala”. 7 Ley de amnistía para luchadores sociales, campesinos e indígenas, presos por motivos políticos y sociales. 8 Decreto para la creación de un “Sistema nacional de salvaguardas ambientales para enfrentar el cambio climático y para la protección de la biodiversidad”, acompañado de un “Programa para el impulso al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mineros por los propios ejidos y comunidades”. Protección de semillas nativas de maíz, y prohibición al uso comercial del uso de semillas transgénicas. 9 Decreto presidencial para la constitución del “Comité económico y social de Estado para la política agroalimentaria y de desarrollo rural”; con la participación de organizaciones campesinas e indígenas y gabinete agroalimentario, social y agrario, con alcances resolutivo y vinculante en materia de política pública, planeación estratégica, formulación, ejecución y evaluación de programas y presupuestos públicos multianuales. 10 Reconocimiento a las actividades de las organizaciones campesinas e indígenas, como de interés público y social. 11 Negociación con secretario de Energía, senadores y diputados para modificar las Leyes Reglamentarias en materia energética, con propuestas de las organizaciones, en beneficio de pueblos, ejidos y comunidades y del medio ambiente y la biodiversidad. 12 Firma del decreto para constituir el “Sistema de la reforma del campo mexicano y la nueva política agroalimentaria y nutricional” con el presidente Enrique Peña Nieto y las organizaciones campesinas e indígenas.

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