El respeto a los derechos de las mujeres reporta rezagos severos en países centroamericanos, como Nicaragua y Panamá. En este último, la mayoría de las demandas por violencia intrafamiliar terminan en sobreseimiento. Aunque es el segundo delito más denunciado ante autoridades judiciales, sólo 6 por ciento de los casos concluye con alguna sanción para los responsables, denunciaron organizaciones civiles en la pasada sesión del 152 periodo extraordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la jornada efectuada en el Palacio de Minería, organizaciones civiles nicaragüenses resaltaron el clima de violación a los derechos humanos de la población en general, a causa del poder y autoridad que el gobierno de ese país ha dado al Ejército.

Señalaron que ha habido una militarización de las instituciones civiles, lo que incrementa el riesgo de la persecución política y el uso de la fuerza para reprimir la protesta social.

Los directivos de la CIDH, encabezados por su presidenta, Tracy Robinson, escucharon los planteamientos de los activistas, así como la respuesta de la representación del gobierno de Daniel Ortega, la que expresó su extrañeza de que se viniera a exponer temas ya tratados y sobre los cuales ya se han emitido recomendaciones para las autoridades de esa nación.

De cualquier manera, destacó el compromiso de Nicaragua para respetar las garantías fundamentales, incluidas las de las mujeres.

En el caso de Panamá, agrupaciones civiles señalaron el rezago en la atención a la población femenina, incluso el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) que destacó la poca preocupación del Estado por empoderar a las mujeres, señaló el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Lo anterior, no obstante que Panamá ha suscrito acuerdos y convenciones internacionales que promueven los derechos de la población femenina.

De hecho, señaló la agrupación, el contenido de los documentos internacionales ni siquiera es conocido entre autoridades y encargados de la impartición de justicia. No existe, pues, la perspectiva de género, al momento de dirimir los conflictos que afectan a las mujeres.

En el caso de este país su gobierno tiene en su favor que cambió el presidente de la República el pasado primero de julio, con lo que se percibió en las organizaciones civiles la perspectiva de una modificación ante los hechos denunciados.

De hecho, la representación del presidente Juan Carlos Varela no negó ninguna de las denuncias planteadas por las organizaciones civiles e incluyó comentarios sobre temas que no se expusieron, como las violaciones de derechos de la comunidad lésbico, gay y transgénero.