ay dos proyectos de reforma para el campo: la que ya impusieron y promulgaron el gobierno de Peña Nieto y aliados, y la que proponen las organizaciones campesinas. Aquélla está en marcha; ésta se propuso luego de la manifestación campesina del 23 de julio, pero no marcha.
La reforma al campo y la reforma energética de Peña y el PRIAN obedecen a lo que el periodista argentino-canadiense Alberto Rabilotta llama La fase demencial del totalitarismo neoliberal
. Se refiere a toda esa serie de acciones que llevan a cabo los grandes poderes económicos trasnacionales, el gobierno de Estados Unidos y la OTAN para mantener un mundo unipolar y minimizar el surgimiento de otros polos económicos, energéticos y alimentarios como pudiera ser el grupo liderado por el BRICS.
Ya sabemos las implicaciones para el campo del paquete de 21 reformas promulgado por Peña y proclamado por Gustavo Madero como su victoria cultural
(¿francachelas en Vallarta incluidas?): legalización del extractivismo como la actividad económica prioritaria en el campo: extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas termales, de agua, simplemente, minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o forestal del suelo. Despojo de los territorios a las comunidades, ejidos o propietarios, bajo la forma de ocupación temporal
o de servidumbre energética
; autorización del método de fragmentación hidráulica para la extracción de gas de lutita, con los consiguientes daños ambientales y agotamiento de acuífero.
Ahí no termina la furia extractivista-entreguista de Peña, sus mandamases y sus aliados. Según la información de que dispone la coalición Agua para Tod@s, en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará un paquete verde
, con otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética: a la Ley General de Aguas que permita una total desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua: megapresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, fracking, etcétera. Reformas a otras leyes como la del Equilibrio Ambiental, la de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, la de Bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas naturales protegidas, quitar funciones a la Profepa, facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticos.
Esta será la más brutal reforma que se haya hecho al campo mexicano. Corta se queda la contrarreforma agraria salinista, que sólo afectaba la propiedad de la tierra. Ahora se afectará la tierra, lo que está debajo, o encima de ella, lo que corre por ella. A partir de esta reforma que sí va, y va con todo, la tierra será de quienes la perforan. El agua, de quienes la extraen, sobre todo para usos energéticos. Y quienes perforan o extraen son grandes compañías privadas, sobre todo extranjeras, las grandes beneficiarias de las reformas promulgadas y por promulgarse. Los perdedores: las comunidades humanas del campo, la comunidad de los seres vivos, todo eso que constituye la nación.
La otra reforma, la que propone el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio consta en un documento titulado Decreto mediante el cual se constituye el sistema nacional para la mediana y pequeña agricultura, la reforma del campo mexicano y la nueva política agroalimentaria y nutricional
. Ese debería ser el contenido básico de las mesas de negociación que desde esa fecha se instalaron entre el gobierno federal y las organizaciones campesinas, pero a la fecha, ni se han activado, ni se ha analizado ni respondido la propuesta de los agricultores.
No es extraño, porque para el gobierno y sus aliados la reforma al campo que interesa ya está en marcha. Van a dilatar hasta el cansancio las mesas de negociaciones con las organizaciones. Terminarán haciendo algunas concesiones para el Presupuesto de Egresos de 2015. Incluso podrán aprovechar oportunistamente algunas propuestas de las organizaciones para realizar algunos cambios y reactivar el clientelismo en el campo. Pudieran proyectar a Diconsa como la súper empresa ordenadora de mercados, ahora dirigida por Eduardo Velasco, con amplia experiencia en la manipulación de las bases cenecistas en el estado de México. O abrir alguna nueva institución de créditos y seguros agrícolas para los pequeños y medianos productores, para emplearla como la gran caja chica para la compra de votos, como se hacía con Banrural… Pero al final de cuentas, como dice un amigo mío, nada que al alma llegue
. Nada que responda a lo que los campesinos plantean o que aleje o retarde la implementación de la reforma neoliberal-extractivista de lo que queda del campo.
En este contexto, es peligroso someterse a los tiempos y las formas que el gobierno quiere marcarle a las organizaciones. Hay que actuar en paralelo al menos en dos grandes líneas estratégicas: la primera es activar y diversificar las resistencias no sólo a las reformas sino al modelo depredador y des-civilizatorio que entrañan: resistencia al despojo de territorios, a la apropiación de los acuíferos, al fracking; al neolatifundismo de empresas energéticas y mineras; al uso de transgénicos, a la contaminación de áreas naturales, a las megapresas. Es necesario encontrar la forma de apoyar, vincular, multiplicar, comunicar, sin centralizar ni controlar políticamente la multiplicidad de actores de estas resistencias, buscando a la vez hacerlas más contundentes.
La otra línea es de información y de opinión: cultivar la conciencia colectiva de que la reforma que se está imponiendo perjudica no sólo a los campesinos, indígenas y productores rurales, sino a toda la población en tanto consumidores de alimentos, beneficiarios de los servicios ambientales del agro, usuarios del agua, respiradores de oxígeno, disfrutadores de paisajes. Debe extenderse la conciencia de que no se trata de una reforma para el campo, sino contra el campo, contra la producción de alimentos, contra la nación, contra el planeta.
