Pese a contar con poco más 103 mil inmuebles en todo el país, de los cuales 25 mil 567 funcionan como espacios administrativos, en algunos casos la Federación no conoce con exactitud su ubicación geográfica ni su valor, así como los diferentes usos y usuarios, por lo que se han tomado decisiones con información incompleta que dificulta el aprovechamiento de ese patrimonio, advierte la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En un diagnóstico sobre las condiciones que enfrenta el Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), advierte que éste enfrenta un notable deterioro físico, en particular en los puertos fronterizos y los palacios federales, los cuales se encuentran en situación grave.

En contraste, la Federación eroga cada año poco más de 2 mil millones de pesos en el arrendamiento de inmuebles a particulares, mediante 2 mil 12 contratos con los que renta cerca de 3 millones de metros cuadros.

En el Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de julio, la SFP destaca que tampoco se tiene información actualizada del valor del patrimonio inmobiliario para fines contables, pues no se cuenta con un levantamiento exhaustivo.

No hay control en el pago de cuotas de mantenimiento

Por lo que se refiere a su mantenimiento y conservación, señala que no hay estándares ni indicadores que permitan evaluar si los fondos destinados a la materia se aplican con eficiencia y eficacia, a fin de conservar su aprovechamiento óptimo y preservación.

Alerta que en los inmuebles manejados por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), con uso compartido, es decir, que más de una dependencia tiene oficinas en el inmueble, en 95 por ciento de los casos no presenta registro de cuotas de mantenimiento de 2005 a 2013.

Revela que si bien en 2010 la SFP creó el sistema de atención, administración y control de mantenimiento a inmuebles, a fin de automatizar las solicitudes y generar ahorros, la información se encuentra desactualizada, por lo que no se puede determinar el estado real de los inmuebles.

Edificio de la Policía Federal ubicado en Varsovia y Reforma, en el Distrito FederalFoto José Antonio López

La dependencia federal subraya que dicho patrimonio constituye uno de los principales activos del Estado, tanto por su valor económico como por su utilidad, ya que es en estos espacios donde se concreta el vínculo entre el ciudadano y el servidor público, y en el que se realizan las actividades de la administración pública federal, por lo que su ordenamiento es un tema estratégico para la nación.

Destaca que el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal (Siifp), que se ubica como la principal fuente de datos sobre esas propiedades de la nación, enfrenta una situación crítica en su estado actual.

Advierte que las referencias entre sus diferentes componentes no están vinculadas entre sí ni integran datos como folio real, número de plano y expediente, por lo que no se puede determinar cuáles son los bienes que carecen de título de propiedad, expediente o levantamiento topográfico.

Debido a que tampoco se ha homogenizado entre todas las dependencia públicas y usuarios de edificios federales el registro federal inmobiliario (RFI), hay imprecisión en el número y valor de dichos bienes federales y estatales debido principalmente a que los servidores a cargo de su administración y manejo no los dan de alta.

En cuanto al aprovechamiento del PIFP, la dependencia federal reconoce que no se cuenta con criterios adecuados para evaluar su uso óptimo, por lo que deberán aplicarse ajustes que permitan definir parámetros en la superficie máxima que podra ocupar una institución, en particular en lo que se refiere a oficinas administrativas.

Destaca que en el caso de México, la superficie máxima destinada a un director general es de 77 metros cuadrados, mientras que en naciones más desarrolladas, como Canadá, el promedio es de 18.5 metros cuadrados. A esto se suma que la supervisión física de los inmuebles es limitada, lo que dificulta actualizar la información en términos de ocupación de espacios.