La reforma político-electoral enfrenta el primer reto: repartir entre la Federación y los estados los costos que acarreará, en particular para instalar el año próximo más de 90 mil casillas únicas, donde se recibirán los votos federales y locales, así como de consultas ciudadanas.

El total de casillas a instalar es de 153 mil, de las cuales 60 por ciento serían únicas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pugna por una división de gastos, porque asumir toda la responsabilidad le significaría un disparo presupuestal de 2 mil 400 millones de pesos (un tercio de su gasto anual vigente), señalaron fuentes consultadas.

Sugiere que los organismos locales asuman al menos 30 por ciento, esto es, cerca de 800 millones de pesos.

Por lo pronto, el INE decidió tomar previsiones presupuestales extremas, porque existe el riesgo de que los congresos estatales no aprueben recursos extraordinarios para los organismos locales, indicaron las fuentes.

El lunes pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó que pedirán más recursos, respecto de la elección 2012, porque es necesario blindar financieramente los comicios; no ponerlos en riesgo por el factor monetario.

El INE aprobó ayer el modelo de casilla única, la cual estará integrada por seis ciudadanos: un presidente, dos secretarios y tres escrutadores, quienes tendrán funciones específicas respecto al conteo de votos y traslado de paquetes.

La instalación de mesas significará la insaculación y capacitación de más ciudadanos (13 por ciento de la lista nominal), así como de los lugares adecuados, de fácil acceso, para dar cabida a funcionarios y representantes de partidos políticos. Nuevamente se acordó privilegiar locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

No es un tema menor, advirtió el consejero Marco Antonio Baños. No coincidimos con la idea que han expresado algunos partidos políticos en el sentido de que el INE debe presupuestar todo el costo de las mesas de casilla única. Me parece que ese no es justamente el espíritu de la reforma electoral, dijo durante la sesión de ayer.

Estamos hablando de unos 800 millones de pesos, cifra no menor; pero me parece que no es un asunto que se le tenga que ahorrar necesariamente en su totalidad a las arcas de los dineros públicos de los estados de la República, sino tiene que ser un asunto equilibrado entre la Federación y los propios estados.

Durante la sesión se aprobó también el sistema de contabilidad para fiscalizar los ingresos y gastos de partidos y candidatos. El INE revisará más de 76 mil informes de precampaña y campaña, más lo que se sume por el posible registro de aspirantes independientes.

Córdova prometió imparcialidad en el análisis. Dijo que el sistema es una herramienta de exigencia y transparencia para los administradores de los recursos públicos, pero también para que los candidatos y sus partidos se coloquen en los supuestos de nulidad de los comicios.

Antes se acató una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se permita la asistencia de representantes de candidatos independientes, en las mesas de consejo del INE. Se ajustaron los plazos para la actualización del padrón electoral (de septiembre a enero) y se aprobaron los lineamientos de la segunda etapa de evaluación de quienes encabezarán los organismos públicos locales.