l presidente Enrique Peña Nieto afirmó ayer que la economía del país está teniendo su mejor desempeño dentro de la formalidad, se refirió a resultados alentadores en materia de empleo –el cual habría crecido a una tasa de 3.7 por ciento–, dijo que la actividad económica en general tiende a acelerarse y auguró resultados aún mejores conforme se vayan aplicando las reformas estructurales promovidas por su gobierno.

En contraste con tales declaraciones, la percepción generalizada es la de un creciente estancamiento, una notoria falta de circulante y un estrechamiento general de las perspectivas en materia económica.

Los datos emitidos por diversas dependencias también parecen contraponerse a las palabras del titular del Ejecutivo federal: ayer mismo el Banco de México anunció una reducción en su proyección del crecimiento económico del país –de entre 2.3 y 3.3 por ciento del incremento del producto interno bruto a entre 2 y 2.8 por ciento–, en tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer datos que refieren un estancamiento en el número de personas con empleo en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2013, y advirtió de una reducción de la población económicamente activa (PEA) a consecuencia de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica.

Los referidos no son los únicos indicadores preocupantes. A contrapelo de los dichos presidenciales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo la proyección de crecimiento para el subcontinente de 2.7 a 2.2 por ciento, en promedio, disminución impulsada por el pobre desempeño de las economías brasileña y mexicana. A decir del organismo, el crecimiento de este año se basa principalmente en un mayor gasto público y en una reactivación de la demanda externa, con resultados insuficientes en el consumo interno. Las esperanzas de un mayor dinamismo se basan principalmente en la reactivación de la economía estadunidense.

Por otra parte, la secretaría ejecutiva del organismo, con sede en Santiago de Chile, señaló un día antes que el nuestro es el único país de la región en el que el salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita y que casi 14 por ciento de los trabajadores perciben un ingreso inferior al minisalario.

Con excepción de México, dijo, en la década pasada todos los países de Latinoamérica experimentaron recuperación y crecimiento de los salarios mínimos como un mecanismo potente para promover la igualdad, el consumo masivo y un robusto crecimiento económico; en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, el fortalecimiento salarial se ha traducido en una caída de la desigualdad y no ha afectado negativamente el empleo ni la formalidad.

Si en el ámbito laboral y salarial hay motivos para la preocupación, las cosas no van mejor en el terreno del comercio: de acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad), el mes pasado las ventas de los uspermercados se redujeron en 3.2 por ciento en términos reales; en ese periodo, de hecho, tales comercios experimentaron sus peores resultados de los pasados nueve años. Como dato complementario, el Inegi dio a conocer la semana pasada que en julio el indicador de la confianza del consumidor se redujo bruscamente en 2.5 por ciento (7.6 por ciento en su comparativa anual).

En suma, el discurso oficial en materia de desempeño económico choca con realidades inocultables y con datos duros que configuran un panorama muy distinto al esbozado ayer por el titular del Ejecutivo federal. Es lógico que tal discordancia, lejos de tranquilizar a la sociedad, se convierta en un factor adicional de incertidumbre y zozobra. Si no ha sido posible ajustar las cifras a las expectativas y a las necesidades reales de crecimiento del país, es necesario, cuando menos, ajustar las palabras a la realidad.