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Junto con otros dos cómplices habría donado 600 mil dólares a candidatos locales y federales

Afronta el mexicano Susumo Azano 26 cargos en EU por financiar a políticos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2014, p. 17

El empresario mexicano José Susumo Azano Matsura enfrenta 26 cargos por financiamiento ilegal de campañas electorales en Estados Unidos. Ayer un gran jurado federal dio a conocer en la Corte de San Diego, California, que entre las acusaciones que se le imputan destacan falsificación de registros, sobornos e inclusive posesión de armas de fuego.

De acuerdo con información publicada por el diario Union Tribune de San Diego, en este proceso también son acusados Ravneet Singh, de la compañía de servicios electorales de campaña ElectionMall, y el asesor político Marco Polo Cortés. De acuerdo con los reportes, los tres habrían donado 600 mil dólares a campañas de candidatos locales y federales, por medio de prestanombres.

Azano Matsura se encuentra en arresto domiciliario desde febrero pasado, pues se le acusa de canalizar donativos ilegales a políticos estadunidenses por más de 500 mil dólares. El empresario también es investigado en México por la Procuraduría General de la República por presunto lavado de dinero. Se le vincula con la empresa Security Tracking Devices, la cual vendió a la Secretaría de la Defensa Nacional –entre marzo de 2011 y marzo de 2012– equipo de espionaje por 5 mil 513 millones de pesos, sin licitación y con un sobreprecio de más de 800 por ciento, según información extraoficial.

La fiscalía del distrito sur de California informó que en la acusación formal se detalla que Azano y sus presuntos cómplices eran parte de una conspiración más amplia para canalizar de manera ilegal el financiamiento en diversas campañas y comités políticos.

La acusación asienta que donaron aproximadamente 600 mil dólares a dichas campañas. De acuerdo con la ley federal estadunidense, es ilegal que un extranjero haga aportaciones a los procesos políticos en ese país.

Los tres probables responsables podrían enfrentar 20 años de prisión o más, en caso de ser hallados responsables de los delitos que se les imputan.