El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, no descartó que el próximo año se inicie el proceso de desvinculación del salario mínimo como unidad de medida para imponer multas y sanciones en la ciudad de México, si en su propuesta de presupuesto para 2015 el gobierno capitalino incluye los nuevos esquemas para fijar los montos de esos conceptos.

Al participar en el foro Hacia una nueva política salarial y de ingreso, el legislador local dijo que desligar el minisalario de esos conceptos será un proceso paulatino y programático, pues se debe tener un esquema para no descompensar los ingresos de la ciudad.

Indicó que llevar a cabo esa tarea requiere modificar diversas normas y ordenamientos para completar el proceso, y destacó que es en las leyes de Ingresos y Egresos, así como en el Código Financiero, donde se establecen los mecanismos de porcentajes y tablas en relación con este asunto.

Manifestó que si bien el tema de los salarios mínimos compete al gobierno federal, en el ámbito de las políticas públicas locales se pueden tomar decisiones para fortalecer el desarrollo económico y el equilibrio del ingreso, por lo que no es inconstitucional llevar a cabo esta medida.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la misma ALDF, Jorge Gaviño Ambriz, advirtió que en la desvinculación es necesaria también la participación del gobierno federal, pues si bien en el ámbito local se puede hacer, no tendría ningún sentido ni lógica si no hay una coordinación con la Federación.

El legislador dijo que es necesario lograr esa desvinculación tanto a escala local como federal, pues el minisalario se ha convertido en una especie de UDI (unidad de inversión) administrativa, que se ha convertido en una losa para el trabajador.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, señaló que el salario mínimo no debiera tener ninguna presencia en las leyes, salvo en las laborales, pero en el tema de multas, sanciones, de competencia de juzgados, tasar las penalidades no funciona porque termina obsoleto y modifica la decisión del legislador.

Aseguró que vincular la percepción con las sanciones es una distorsión brutal porque su incremento no es acorde y a la postre las sanciones son más bajas, por lo cual, dijo, es necesario modificar la fórmula para que la justicia sea más justa.

Reiteró que en materia mercantil y en los juzgados de cuantía menor se tomó como base el índice nacional de precios al consumidor (INPC); nosotros dinamizamos la competencia de cada juzgado, ya no lo hicimos con salario mínimo porque en función de competencia no nos funciona.

Al vincular las penalidades con los minisalarios no se está cumpliendo con la norma, aseguró el magistrado presidente. Puso de ejemplo que si se multara con cinco salarios mínimos al que represente un acto de indisciplina en una audiencia, este monto con el tiempo ya no corresponde a la sanción que se impuso, porque es mucho más baja.

Va GDF por un acuerdo nacional

Por la noche, el gabinete económico del Distrito Federal dio la bienvenida a la intención de líderes empresariales, sindicales y del gobierno federal de realizar una discusión pública sobre la preocupante situación del salario mínimo en el país y se pronunció por avanzar, este mismo año, en un acuerdo nacional en la materia, ya que el aumento del mismo no debe posponerse.

Dicha percepción, recordó, sigue siendo el ingreso de casi 7 millones de personas en el país y su poder adquisitivo ha caído 75 por ciento desde 1977, y no puede seguir siendo considerado una mera variable dependiente de otros factores, sino que juega un papel en la productividad y el crecimiento.

Hoy día el salario mínimo en México es el peor de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ya no se explica ni técnica ni económicamente que países con menor productividad promedio que la del país puedan, sin embargo, pagar salarios mínimos mucho más altos.

En un comunicado de prensa celebró las coincidencias con empresarios, sindicatos y el gobierno federal en torno a desindexarlo de otros precios, como tarea  inmediata, y buscar otras políticas que acompañen la medida, así como inscribir el debate en los órganos constitucionales correspondientes.

Hizo patente que la intención de la administración capitalina es desplegar una conversación pública, respetuosa, sería y fundada que le permita al país emprender una nueva política de salarios mínimos. Dejó en claro que todas las discusiones y objeciones legítimas tendrán respuesta en el documento que estará listo a finales de mes y es elaborado por un grupo de especialistas, para ser entregado a todas las instancias de gobierno implicadas en este debate.

Reiteró la voluntad de diálogo con todos los puntos de vista, los intereses y las voces de la sociedad mexicana, porque creemos en la pertinencia y en la urgencia de abordar este tema.