La Academia Nacional de Amparo, que pertenece a la Confederación Nacional del Colegio de Abogados de la República Mexicana (integrada por más de 300 organizaciones de litigantes en el país), presentó este lunes la primera demanda colectiva de garantías con fundamento en la nueva Ley de Amparo, que incluye la figura del interés legítimo, con la finalidad de buscar la nulidad y/o abrogación de las reformas secundarias de la reforma energética.

Esta agrupación considera que la reglamentación recién promulgada es violatoria de los artículos 1, 6, 8, 14, 16, 27, 39 y 136 de la Constitución, así como de tratados internacionales.

Román Díaz Vázquez y Pablo Ortega de los Santos, presidente y vocero, respectivamente, del denominado Movimiento Constitucionalista en Defensa del Pueblo de México contra la Reforma Energética –que está conformado por la Academia Nacional de Amparo y por otras organizaciones sociales–, informaron a La Jornada que las demandas serán firmadas por medio centenar de quejosos.

Los peticionarios del amparo presentaron en 2013 solicitudes por escrito al gobierno federal y al Congreso de la Unión para que se les informara sobre los fundamentos jurídicos y los beneficios sociales que traería la reforma energética, pero no han recibido respuesta.

Los expertos en derecho constitucional añadieron que la reciente reforma en materia de hidrocarburos transgrede el artículo 136 de la Carta Magna, que se refiere a la inviolabilidad de la Constitución, amén de que el artículo 39 de la misma da posibilidades a los ciudadanos a exigir que sus autoridades les informen sobre los fundamentos, alcances y motivaciones de cualquier reforma constitucional.

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer las leyes secundarias de la reforma energética, en un paquete que está integrado por 21 leyes, de las cuales nueve son nuevas y 12 fueron modificaciones.

Según Román Díaz Vázquez, procede el juicio de garantías mediante el denominado interés legítimo que tienen los millones mexicanos inconformes con la reforma energética, por lo que los tribunales federales deberán estudiar esta petición de garantías, en un asunto que muy probablemente termine resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por supuesto que existe la nulidad de un procedimiento constitucional; es un tema inédito, es un planteamiento jurídico novedoso nunca antes explorado en el derecho mexicano, pero estamos en nuestro derecho de defender a millones de mexicanos pobres por encima de los intereses de las petroleras extranjeras, que se verán beneficiadas con la reforma energética, puntualizó el abogado.

Añadió que uno de los fundamento de esta demanda de amparo tendrá cabida en el artículo 136 de la Carta Magna, así como en diversos principios de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales (los cuales prefirió no citar), así como con la negativa de los diputados federales y senadores en realizar una investigación sobre los alcances de la reforma energética.

El jurista indicó que el formato de esta demanda está disponible para cualquier persona interesada, y para ello deben mandar sus datos personales a los correos electrónicos: [email protected] y [email protected]

“Nos van a decir que estamos locos, nos van a acusar de estar fumados, pero lo cierto es que este planteamiento que realizamos es totalmente procedente. No tenemos la menor duda de que la reforma energética es nula de origen y de pleno derecho”, destacó Román Díaz.