a noche del pasado domingo la localidad de Ferguson, Misuri, Estados Unidos, se vio envuelta en manifestaciones pacíficas, pero también en disturbios y saqueos que dejaron 32 detenidos y dos policías lesionados, tras el asesinato, el sábado, del adolescente negro Michael Brown a manos de un policía local, cuya identidad es mantenida en secreto por las autoridades. La inconformidad no sólo se genera por el homicidio, sino también por las perspectivas de impunidad para el agente policial, y orilló al gobierno federal a involucrarse, por medio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la investigación del asesinato.
Cabe recordar que en el país vecino es frecuente el encubrimiento y la obsecuencia institucionales ante abusos policiales extremos contra jóvenes negros. Entre los casos más documentados y comentados cabe recordar el ocurrido en 2012 en Stanford, Florida, cuando un agente de seguridad persiguió y mató a tiros a Trayvon Martin, un joven negro desarmado, y fue declarado inocente; la muerte de Amadou Diallo, quien en 1999 fue ultimado de 41 balazos por policías neoyorquinos que dijeron haber confudido a su víctima con un violador y fueron absueltos, o la paliza propinada por efectivos policiales de Los Ángeles al taxista negro Rodney King en 1992, suceso videograbado y difundido por los medios. La absolución de los agresores por un jurado compuesto exclusivamente por personas de raza blanca dio lugar a una oleada de violencia que se extendió durante seis días y dejó 53 muertos, cerca de dos mil heridos y pérdidas materiales por unos mil millones de dólares, y obligó al despliegue de una división de marines y de la Guardia Nacional de California.
Tales atropellos policiales y, sobre todo, la impunidad que los ha cubierto, constituyen una expresión del racismo estructural e institucional que persiste en Estados Unidos en pleno siglo XXI. Otra es la disriminación que se practica en los tribunales del país vecino contra negros y latinoamericanos, y que queda manifiesta en el hecho de que un delincuente perteneciente a esos grupos de población tiene muchas más probabilidades de ser sentenciado a la pena capital que un anglosajón que haya cometido el mismo delito.
El hecho es que, a cinco décadas del surgimiento del Movimiento por los Derechos Civiles y del asesinato de Martin Luther King, por más que un afroestadunidense ocupe la Casa Blanca desde hace seis años, y a contrapelo de una pregonada igualdad de todos los inividuos ante la ley, la discriminación racial sigue gravitando en la institucionalidad y en la sociedad de Estados Unidos.
A esa vieja e impresentable lacra debe agregarse el autoritarismo policial, reforzado en la década pasada durante los gobiernos de George W. Bush, con el pretexto de la defensa de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. En efecto, tras los atentados de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, el principio de presunción de inocencia fue sustituido por el de presunción de culpabilidad, y muchas de las disposiciones legales emitidas entonces permanecen en vigor.
Por lo demás, la discriminación no sólo se pone en evidencia en los abusos policiales y judiciales, sino también en una sociedad desigual en que la pobreza y la marginación son más extendidas entre negros y latinos que en el resto de los sectores, y explican el surgimiento de estallidos de descontento como el ocurrido la noche del pasado domingo en Ferguson, Misuri.
