El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene abiertos expedientes administrativos contra al menos 14 jueces y magistrados federales, a quienes se investiga por presuntas conductas irregulares y la probable comisión de delitos, que van de cohecho y enriquecimiento ilícito a lavado de dinero, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Aunque alguno de esos casos, como el del magistrado suspendido Jesús Guadalupe Luna Altamirano (acusado de favorecer con resoluciones a miembros del crimen organizado), ya derivó en la presentación de una querella en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR), sigue abierta en la Judicatura una indagatoria por otras posibles conductas irregulares que se están determinando en contra de él (Luna Altamirano) y de otros juzgadores”, dijo a La Jornada un funcionario del CJF que pidió no mencionar su nombre.

Actualmente la Judicatura está bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido que los ministros del máximo tribunal del país presentaron en mayo pasado un escrito dirigido al CJF, en el cual solicitaron investigar a fondo la presunta corrupción en juzgados y tribunales de Baja California, la cual ha permitido que miles de vehículos usados ingresen al país desde Estados Unidos sin cumplir los requisitos legales.

La investigación fue solicitada por los ministros con base en el artículo 97 de la Constitución, que faculta a la Suprema Corte a pedir que se averigue la conducta de funcionarios de ese nivel, el cual no había sido utilizado.

Sin embargo, la carta de la Corte no fue lo que detonó la investigación contra los juzgadores federales que laboraban en Baja California.

Desde 2010 la Judicatura comenzó investigaciones administrativas contra cinco magistrados y/o jueces que otorgaron amparos y luego persistieron en ordenar la importación de automóviles usados sólo con los requisitos del tratado de libre comercio, sin tomar en cuenta los planteamientos de un decreto presidencial de 2011.

El tema de los vehículos usados ha sido motivo de quejas recurrentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la industria automotriz desde 2010, pero hasta ahora el CJF no ha sancionado a los juzgadores.

En julio de 2011 el SAT denunció ante la Judicatura a los presidentes del primer y cuarto tribunales colegiados en Mexicali, Benjamín Castro y José Aguilar Moya, porque sin tener facultades giraron oficios a todas las aduanas fronterizas para que siguieran permitiendo importar a dos empresas.

En mayo de 2012 la Judicatura suspendió a dos jueces de distrito de Mexicali para investigarlos por esos hechos, pero a ninguno se le inició procedimiento de responsabilidad.

Uno de éstos, Daniel González Vargas, estuvo suspendido dos meses, pero fue reinstalado en Mexicali. En diciembre de 2013 otorgó una suspensión a la compañía Automotores Triple R para que siguiera importando, con lo cual soslayó fallos jurisprudenciales de la SCJN.

El CJF readscribió a González hace cinco meses a un juzgado de Veracruz, pero el 16 de junio anunció que otra vez lo suspendió para iniciar una nueva visita extraordinaria al juzgado de Mexicali, en el que despachaba.

La limpia en el Poder Judicial Federal no sólo se está aplicando a los jueces asignados a estados fronterizos.

El CJF suspendió hace dos meses, sin goce de sueldo, a Jorge Figueroa Cacho, magistrado de circuito que durante 26 años despachó en los tribunales colegiados en materia civil en el estado de Jalisco.

A Figueroa le fueron detectados depósitos por al menos 3 millones de pesos, algunos de ellos en dólares, de empresas dedicadas a la compraventa de joyería y metales, en México y el extranjero. Familiares del magistrado también recibieron depósitos por 6 millones de pesos de origen desconocido.

La investigación de la Judicatura contra Figueroa se suma a la que está abierta contra dos magistrados y dos jueces de Monterrey, y uno más de Torreón, cesados por nexos con casinos; un juez de Veracruz suspendido por favorecer a importadores de automóviles usados; otro del Distrito Federal denunciado ante la PGR por el enriquecimiento ilícito de su secretario, y el magistrado Luna Altamirano, cuya suspensión fue dada a conocer por probables vínculos con la delincuencia organizada.

Todas las suspensiones de los juzgadores se han presentado en los pasados tres meses, en lo que es el último año de la presidencia del ministro Juan Silva Meza.