Las leyes reglamentarias de la reforma energética, que serán promulgadas este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, no garantizan por sí mismas que los ciudadanos gozarán de mejores condiciones y servicios ni precios más bajos; por el contrario, esas modificaciones y la forma en que se dieron los debates para su aprobación dejan serias dudas e incertidumbre sobre el sector y su futuro, aseguraron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

José Luis Ayala Trejo, profesor de economía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, señaló que el planteamiento oficial es que esta reforma traerá más ingresos y recursos para el país por la apertura del sector al capital privado; sin embargo, hay una clara incertidumbre en cómo será esa apertura, indiscriminada u ordenada, si habrá transparencia y legalidad y si al final la voracidad de las empresas no termina por saquearnos.

Uno de los puntos principales, aseveró, es que no se ha informado cómo se obtendrá ni a cuánto equivale la suma de recursos por la renta petrolera que se podrían lograr con la apertura.

Las empresas extranjeras (del sector) tienen un gran apetito, y con las modificaciones constitucionales, si bien no se les sirve el plato completo, sí se trata de un muy buen menú.

Ayala Trejo indicó que la apertura al capital privado no necesariamente representará una ventaja y mayor desarrollo para el sector energético mexicano. Incluso recordó que hay experiencias entre el gobierno de California, Estados Unidos, y grandes empresarios por la generación de energía eléctrica.

Nada nos garantiza que tendremos mejores precios y servicios. Un ejemplo es la banca extranjera que se asienta en el país: no nos da mejores servicios, tiene linda propaganda, pero en realidad no da créditos a pequeñas y medianas empresas y ningunea a los ciudadanos.

Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas, indicó que en el caso del gas natural se está viviendo un proceso de sobreoferta, mientras que el precio del petróleo va a la baja, por lo que no necesariamente habrá mayores ingresos para el país, como lo ha prometido el gobierno de Peña Nieto.

No podemos caer en el error de aceptar argumentos endebles y propagandísticos como el asunto de la generación de empleos, la reducción en los costos de los energéticos o que se elevará el nivel de vida de la ciudadanía. Esas son falacias publicitarias con las que intenta matizar el propósito básico: la entrega (de los recursos) a particulares.

A las incertidumbres de tipo económico y del mercado, planteó Barbosa, se tienen que agregar los estudios científicos, en este caso particular los de geología que se han hecho en México, donde “aun cuando se han perforado 30 nuevos pozos para exploración, ninguno dio muestras de que se ha logrado pegarle a un buen yacimiento.

Esto debió llevar a nuestras autoridades a ser más cautas, y se puede concluir que esta reforma y sus leyes secundarias fueron precipitadas, atropelladas, aprobadas sin el mayor rigor parlamentario, con sesiones de madrugada, con auditorios vacíos y convirtiendo el debate en una verdadera simulación, ya que fue inexistente. Toda esta caricatura quizá no tenga ningún sentido por la incertidumbre, y seguramente nos quedaremos esperando esos dólares prometidos.