a reciente visita a México del gobernador de California, Jerry Brown, fue destacada en la prensa estadunidense, particularmente en la de su estado, no tanto por los acuerdos en materia de comercio, medio ambiente y educación, sino por su declaración más sorprendente, cuando se refirió a la apertura de la inversión extranjera en el sector energético.

Con su habitual desparpajo, advirtió a los legisladores mexicanos: se los van a comer vivos si no aprueban una legislación rígida que regule la participación de las corporaciones extranjeras. Los legisladores que habían aplaudido a Brown por sus buenos propósitos en torno a las relaciones entre México y California y por sus declaraciones favorables a la solución justa de los problemas migratorios ahora se vieron cautos y a la defensiva, calificando su declaración como una simple ocurrencia que debería entenderse sólo como broma. A no dudarlo, muchos de ellos se vieron nerviosos, porque saben que detrás de las palabras del gobernador hay una ingrata experiencia que hace algunos años afectó profundamente la economía de California, a raíz de la privatización y desregulación de su industria eléctrica.

La llamada de atención de Brown tiene base en lo sucedido en 2000 y 2001, cuando California, debido a una seria disminución del suministro de electricidad, sufrió interminables y costosos apagones durante larga temporada. Después de una investigación se descubrió que la corporación Enron, cuya actividad era la producción y distribución de energía eléctrica, restringió artificialmente el flujo de electricidad con el fin de incrementar sensiblemente su precio.Dicha corporación, cuyos más altos funcionarios terminaron en la cárcel por defraudar a los miles de trabajadores que laboraban en ella, cerró temporalmente algunas de sus plantas en California bajo el supuesto de someterlas a mantenimiento. Al mismo tiempo adquirió a bajos precios la energía eléctrica que se producía en otras plantas para posteriormente revenderla a los consumidores de California a precios artificialmente inflados. Se comprobó el fraude, pero el daño estaba hecho y la repercusión ya había afectado la economía de varios millones de familias. El resultado último fue que al estado terminó con una deuda adicional de 14 mil millones de dólares, que aún no termina de pagar, declaró Lou Correa, senador de California, según la nota de Andrea Becerril aparecida en este diario el 29 de junio pasado.

La experiencia no es única. Algo similar ha sucedido frecuentemente con los precios de la gasolina en Estados Unidos donde, con diversos pretextos, las corporaciones petroleras suelen encarecerla para aumentar su precio con cargo a la economía de los consumidores.

Por ello, la llamada de atención del gobernador californiano no fue gratuita en relación al peligro de lo que pudiera pasar en México, ahora que se desnacionalizaron dos de las industrias estratégicas que por muchos años pertenecieron exclusivamente a los mexicanos.