jalá hubiera la seriedad y ponderación debidas para anunciar los avances en el amargo tema de la inseguridad e impunidad. Hace pocos días el gobierno por boca de su secretario de Gobernación y del subsecretario de Prevención festejó la disminución de la inseguridad.
No mienten los funcionarios. Efectivamente ha habido un descenso de 16 por ciento respecto del peor momento en 2011, según el Inegi. Es una verdad, pero limitada a sólo al caso de asesinatos con violencia, pero penosamente en ese tema seguimos teniendo el doble de Rusia, cinco veces más que India y siete más que Turquía.
El dolor social no se mide con números y menos implicando que 3 mil 200 mexicanos no fueron asesinados (16 por ciento) e ignorando la bajísima cifra de sentencias condenatorias con que los asesinos son castigados. La conclusión, además de la desatinada satisfacción oficial, es que ese logro está prendido con alfileres; está hecho para durar un día.
¿Por qué? La pregunta es justa. Sencillamente porque estamos muy lejos de ver un real sistema de seguridad y justicia, como el que anunció el Presidente según su Plan Nacional para la Seguridad Pública. Como esbozo de su inoperatividad se verá:
1. Los regímenes de justicia penal, principalmente los locales siguen registrando por parte de sus magistrados, jueces y ministerios públicos serias reticencias al cambio obligado por la Constitución y leyes correspondientes.
Se han construido sets escenográficos para simular tribunales. Es de esperarse una catarata de fallos en favor de los inculpados o en perjuicio de las víctimas como triunfo de los abogados postulantes.
Las facultades y escuelas de derecho siguen los planes de enseñanza tradicionales basados en las leyes que van de salida. Pocas se han sumado al cambio programático obligado.
2. No existe una estructura confiable institucional para respaldar un hoy inexistente proyecto de reducción de la violencia, no sólo de asesinatos. Los elementos que hoy operan, los que han logrado que sigan vivos 3 mil 200 mexicanos, están dispersos, no se dan bajo un enfoque sistémico.
La Policía Federal, a la que se le ha retirado el adjetivo de preventiva, ha quedado en el limbo. ¿Es investigadora y persecutora del delito? O si es sólo preventiva, por qué aparece a diario como represora del crimen si su ley dice que le corresponde garantizar la prevención de los delitos
¿Se completaron finalmente sus efectivos anunciados? No.
Otra prueba es la previsible ineficiencia de la Gendarmería Nacional. Hay datos desestimulantes: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que había concluido el adiestramiento de 2 mil 107 gendarmes, que comprendió orden cerrado (cómo marchar) acondicionamiento físico, armamento y tiro, que son ejercicios similares a los de sus reclutas
(Reforma, 14/7/14, p. 11).
La Sedena hace un esfuerzo enorme en apoyar los planes federales, pero está limitada a enseñar o adiestrar en lo que le es propio, no puede hacer lo que no le es. El resultado es mandar a la calle a policías que técnicamente no lo son. Dónde están los policías aptos para las funciones que les demanda el nuevo sistema de justicia penal.
La visita al Palacio del Elíseo, ¿para qué sirvió? La gendarmería, cuando se dé su aparición, no tendrá la calidad que se requiere, por las deficiencias de formación comentadas.
De esto resulta que nadie está a cargo de un programa de formación de recursos humanos vasto y confiable, porque éste no existe. ¿Dónde están por lo menos los proyectos de las cinco academias que anunció Peña Nieto desde abril en el programa citado?
3. La transformación del sistema penitenciario anunciado en el mismo programa es otro pendiente. A la iniciativa privada le han concesionado construir y operar reclusorios (Coatlán, Morelos), pero no se trataría sólo de construir más. Se trata de revisar la política criminal, desahogar los reclusorios, calificar a quienes los dirijan, administren y custodien. Nada de eso se está haciendo.
4. La prevención de la violencia implica algo más de lo escaso que se hace. Nada será trascendente si no se fundamenta en la educación formal, escolarizada y en el reforzamiento familiar. Los recientes casos de bullying fueron posteriores al programa ya citado. El presidente ofreció algo para octubre, cuando antes se había obligado a acciones inmediatas transversales
.
La reducción de los asesinatos, que no de la violencia, es un logro meritorio. Lamentablemente se notifica con la marca de este gobierno que todo lo adereza con triunfalismo.
Hubiera sido motivo de solidaridad significar ese logro y reconocer que estamos sólo en vías del avance integral de un programa tan ambicioso como el que se anunció en abril, el último día que la ley lo permitía.
