l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó ayer que durante julio pasado el índice de confianza del consumidor cayó 2.5 por ciento respecto del mismo mes de 2013. De acuerdo con ese organismo, el indicador de confianza empresarial sufrió en julio una baja de 3.8 por ciento en el sector comercio, de 2.8 en el sector manufacturero y de 1.7 en relación con el de la construcción; la confianza global de los empresarios experimentó una caída de 3.8 puntos porcentuales en julio de 2014 con respecto al mismo mes del año pasado.

El pobre desempeño actual de la economía nacional en las mediciones del instituto –a lo que se suman los constantes ajustes a la baja en las expectativas de crecimiento a que se han visto obligadas las autoridades hacendarias del país– confirma el carácter fantasioso de los sucesivos empeños gubernamentales por asegurar que México se encuentra en una ruta segura al desarrollo, el crecimiento económico y la superación de los rezagos sociales. El choque entre las percepciones de las autoridades y de los empresarios y la población en general sobre el rumbo actual de la economía resulta demoledor para las primeras, en la medida en que revelan falta de confianza e incertidumbre con respecto a la actual conducción del país en materia económica.

Es significativo también que el desplome de los indicadores referidos ocurra en momentos en que se lleva a cabo un nuevo ciclo de reformas legales de signo neoliberal, que han sido presentadas como la panacea a los problemas nacionales, pero que no han logrado, hasta ahora, reactivar la confianza de la población respecto del rumbo económico del país.

Ayer mismo, durante su participación en la inauguración del foro internacional Salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, puso el dedo en la llaga al afirmar que lo que no podemos hacer es ignorar lo que pasa en el país, porque eso sería absolutamente irresponsable: es actuar como si todo estuviera bien, como si no hubiera pobreza, como si no hubiera desigualdad, como si las tasas de crecimiento fueran las que queremos tener, como si la calidad del empleo que tenemos en el país es la que se requiere.

Ignorar la realidad es lo que han hecho, sistemáticamente, los sucesivos gobiernos del salinato a la fecha, ante la palmaria evidencia de que las políticas adoptadas no han podido abatir las condiciones de atraso social y económico que prevalecen en el territorio, y que antes al contrario, las han profundizado mediante la aplicación de un modelo económico que concentra la riqueza nacional en unas cuantas manos y ha mantenido o multiplicado el número de pobres.

En el caso concreto del ingreso familiar, es pertinente recordar que su ubicación en los niveles más bajos a escala internacional –como se señaló ayer en el referido foro– es consecuencia de una política deliberada de contención salarial, reducción de programas sociales y eliminación de derechos y conquistas laborales, puesta en práctica por las administraciones neoliberales con los supuestos objetivos de reducir la inflación, incrementar la competitividad y la productividad y atraer inversiones extranjeras. En los hechos, sin embargo, esas medidas se han traducido en uno de los obstáculos principales para la reactivación efectiva del mercado interno, la generación de empleos y una recuperación económica perceptible y sólida.

Tal vez sea el tiempo de reconocer, en suma, que no puede haber Estado fuerte, en ningún sentido, sin mercado interno fuerte, sin un mínimo bienestar para la población y sin una política que priorice las necesidades sociales sobre los intereses de los grandes capitales, y actuar en consecuencia.