Nueva York, 5 de agosto.

La batalla por los pagos de bonos restructurados de la deuda argentina retenidos en el Bank of New York Mellon (BoNY) por orden del juez estadunidense Thomas Griesa fue puesta en marcha, en una situación compleja que puede costarle denuncias judiciales a la entidad.

Tanto Argentina, que entró en default parcial por esa decisión, como los tenedores de los bonos canjeados en 2005 y 2010, ya advirtieron que se reservaban la posibilidad de recurrir a los tribunales para denunciar al banco, que a su vez se defiende, afirmando que no puede desobedecer la resolución de Griesa.

El eje de la discusión son los 539 millones de dólares depositados por Argentina en el BoNY a finales de junio para abonar intereses de esos títulos, que fueron congelados de inmediato por Griesa para forzar al país a llegar a un acuerdo con los fondos especulativos que le ganaron un juicio por mil 330 millones de dólares de deuda no pagada desde 2001.

Argentina argumenta que ese dinero, una vez depositado en la cuenta del agente fiduciario, ya no es suyo sino de los bonistas, y por lo tanto Griesa no puede retenerlo ni embargarlo.

De su lado, el BoNY, que presentó una moción de aclaración sobre esta cuestión al juez varios días atrás, dijo que no efectuaría los pagos y esos fondos están pendientes de nuevas órdenes del tribunal, que aún no ha recibido.

Griesa no ha decidido tocar los 539 millones para pagar parte de la sentencia, lo que podría ser indicio de que ese dinero ya no pertenece legalmente a Argentina o bien no puede ser embargado por encontrarse en una cuenta del BoNY en el Banco Central de República Argentina (BCRA).

El juez liberó en cambio por única vez pagos de bonos restructurados bajo legislación argentina a cargo del Citibank, JP Morgan, Euroclear y Clearstream.

Con las negociaciones entre Argentina y los fondos paralizadas desde el miércoles pasado, cuando venció el plazo para el pago argentino y se activó el default parcial, las miradas apuntan ahora al BoNY, y todas las partes han hecho movidas al respecto en los últimos días.

Los fondos especulativos, a los que Argentina califica de buitres, presentaron el viernes pa- sado un escrito avalado por el BoNY proponiendo al juez la orden que debe firmar para responder a la moción de aclaración del banco y protegerlo de posibles acciones judiciales.

BoNY debe retener los fondos en sus cuentas en el BCRA esperando una nueva orden de este tribunal y no debe hacer o permitir ninguna transferencia salvo que sea ordenada por el tribunal, señaló el abogado del fondo, Aurelius Capital, Edward Friedman, en la propuesta.

Los fondos y el BoNY pretenden que el juez precise además que Argentina no dará pasos para interferir en la retención de los fondos, y que el banco no tiene responsabilidad según el contrato que gobierna los bonos canjeados u otra persona o entidad por obedecer la orden de Griesa.

Sin embargo, uno de los grupos de tenedores de esos bonos, Euro Bondholders, advirtió al juez en una carta que se abstenga de firmar una orden de ese tipo, calificándola de ilegal.

Argentina advirtió que entre la batería de medidas judiciales que analiza figura la de denunciar a los agentes fiduciarios por incumplimiento de contrato respecto a los canjes de 2005 y 2010, al que se plegaron 92.4 por ciento de los acreedores de la deuda declarada en default en 2001.