Trabajadoras sexuales y domésticas, sobrecargos y taquilleras del Metro tienen algo en común: son víctimas de múltiples manifestaciones de violencia; sus derechos humanos y laborales son violados por autoridades corruptas, dirigentes sindicales y el crimen organizado, manifestaron ayer sobrecargos de Mexicana, trabajadoras de taquilla del STC Metro, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México.

Su esperanza, dijo Nélida Reyes, del STC, es que el peso moral del tribunal sirva para lograr justicia. Érika Delgado y Cecilia del Ángel, de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México expusieron que a casi cuatro años de la declaratoria de quiebra de Mexicana, que se cumplen el 28 de agosto, sigue la incertidumbre. Denunciaron que la Procuraduría General de la República no buscó detener a Gastón Azcárraga, ex presidente de la empresa de aviación y a quien el juzgado siete de distrito de amparo en materia penal le otorgó dicho recurso. El síndico no ha exigido justicia y el amparo echa abajo la demanda de justicia, asentaron.

Las trabajadoras de taquilla del SCT expusieron las presiones, falsas acusaciones de faltantes de dinero, acoso, hostigamiento, discriminación y linchamiento moral que realiza el dirigente del sindicato del STC, Fernando Espino Arévalo. Incluso emitió un panfleto en el que acusa de esquirolaje a Guadalupe, Socorro, Nélida y Rocío, e incita a los sindicalizados a rechazarlas y agredirlas. A ello se suman las jornadas de nueve horas de trabajo en las que no se les permite consumir alimentos.

Asentaron ante los integrantes del TPP que se atreven a levantar la voz y luchar por un sindicato democrático –Espino Arévalo es dirigente desde hace más de dos décadas–. “Nos han acusado de faltantes y eso ha implicado pérdidas en nuestro salario de más de 2 mil 300 pesos y de recibir otros beneficios. Ya levantamos una demanda penal contra Espino y otros integrantes de su comité ejecutivo, la cual está en la mesa de trámite de la agencia 2 de Tláhuac. Integrantes de la brigada Elisa Martínez denunciaron los agravios de que son objeto por las autoridades y los uniformados. Vivimos la discriminación, el despojo, el desprecio y hasta acusaciones de estar vinculadas con la trata de personas, lo cual es falso, por ello nos organizamos. Nos dedicamos al trabajo sexual por falta de otro trabajo, de oportunidades de educación, por los salarios miserables. No somos víctimas sino libres de decidir en qué trabajamos y sobre nuestro cuerpo.

El TPP sesionará hasta el miércoles, cuando dará a conocer su dictamen sobre los casos expuestos.