La Cámara de Diputados cerró ayer el círculo que le corresponde en materia de legislación energética, que abre el mercado de hidrocarburos y electricidad a la iniciativa privada (IP) y, al mismo tiempo, reordena la estructura jurídica de las dos últimas paraestatales del país, para convertirlas en empresas productivas del Estado.

Como parte del arreglo entre la mayoría de PRI, PAN y sus aliados del PVEM y Nueva Alianza, se confirmó el uso de la fractura hidráulica para la extracción de gas asociado a lutitas, pese a las advertencias presentadas en el pleno por los riesgos ambientales.

En uno de los acuerdos de última hora se reincorporó la obligación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las empresas privadas de pagar a sus trabajadores el reparto de utilidades, debido a que la iniciativa presidencial las eximía de esa obligación constitucional en las asignaciones y contratos.

El pleno aprobó el lunes la minuta del Senado que expide la ley de hidrocarburos y reforma las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, que abre a la iniciativa privada las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, hasta ahora asignadas en exclusiva a Pemex.

De esta manera se permite el ingreso de empresas nacionales y trasnacionales a la exploración y extracción de hidrocarburos; refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo; almacenamiento, distribución, comercialización y venta al público de gas natural y petrolíferos, así como transporte por ducto y almacenamiento de petroquímicos.

También define los distintos mecanismos de participación privada, mediante asignaciones, contratos para exploración y extracción y autorizaciones, y establece que la Secretaría de Hacienda definirá el tipo de contratos a otorgar y en qué área, así como la cantidad a pagar de regalías por parte de las empresas.

En la aprobada ley de hidrocarburos se mantiene la figura de ocupación temporal de las tierras para que empresas nacionales y trasnacionales puedan instalar complejos, aunque en el caso de las comunidades indígenas deberá aplicarse un proceso de consulta previa, libre e informada.

Además, avaló las leyes de la industria eléctrica y de energía geotérmica, que sustituyen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como productora y distribuidora, por empresas privadas trasnacionales que ya cuentan con más de 40 por ciento del mercado y que, incluso, bajo el modelo de ‘‘abasto aislado’’ podrán instalarse en México, sólo para exportar a Estados Unidos.

A partir del viernes, el pleno comenzó la discusión de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y de la Ley General de Deuda Pública, donde el tema central fue la forma en que se podrá asumir parte del pasivo laboral de Pemex y la CFE.

Aprobó el dictamen que expide la ley del fondo mexicano del petróleo, que tiene como fin recibir las transferencias de empresas por el pago de los contratos, pero también garantizar las contraprestaciones a las compañías que, incluso, podrán recibirlas en especie, esto es, con petróleo para que formen parte de sus activos.