La suspensión de la consulta sobre el acueducto Independencia, anunciada el pasado 5 de julio por la etnia yaqui del estado de Sonora, estuvo motivada por la gran cantidad de violaciones que ha cometido el gobierno federal a dicho proceso, al no garantizar que sea libre, informado y de buena fe.

Afirmaron lo anterior integrantes de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, quienes advirtieron que la única forma aceptable de retomar el diálogo es suspender de inmediato la operación de dicho megaproyecto, anular las órdenes de aprehensión contra los voceros de los grupos inconformes y cesar las descalificaciones contra los indígenas.

Edmundo del Pozo, especialista en derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advirtió que lejos de garantizar la resolución del conflicto, la consulta está siendo utilizada por las autoridades para justificar el despojo de los recursos hídricos de los yaquis.

El analista reiteró que la consulta no ha cumplido los estándares internacionales que este tipo de ejercicios deben tener, pues no se realizó de forma previa al inicio del acueducto ni ha sido de buena fe, libre ni culturalmente adecuada, ya que desde el principio se ha desarrollado en medio de amenazas contra los indígenas.

Por ello, enfatizó, la decisión de los yaquis de suspender el proceso de consulta tiene todo el fundamento necesario, tomando en cuenta que el gobierno del país no ha mostrado buena voluntad para entregar la informacion sobre el tema, lo cual hace pensar que únicamente está llevando a cabo un acto de simulación.

Marisol Anglés, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recalcó que la consulta de las autoridades no parece buscar el consentimiento libre e informado de la etnia, lo cual podría incluso dar lugar a que se señale la falta de cumplimiento de sus responsabilidades como Estado.

Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 y de la Fundación para la Democracia, puntualizó que el gobierno del estado de Sonora no ha querido tomar en cuenta alternativas diferentes al acueducto para abastecer de agua a Hermosillo, como por ejemplo las plantas desalinizadoras del líquido marino.

No se puede garantizar que desvío del caudal no afecte a la etnia

La construcción del acueducto Independencia, detalló, tuvo un costo de entre 250 y 270 millones de dólares, mientras que invertir en la tecnología para potabilizar el agua de mar representaría un gasto de alrededor de 200 millones de dólares.

Asimismo, destacó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no puede asegurar que el desvío del caudal del río Yaqui a la cuenca del Sonora no va a afectar a la etnia, pues el comportamiento de los ríos, lagunas y otros mantos acuíferos no es fácilmente predecible.