La Cámara de Diputados avaló la integración de los órganos reguladores del sector energético, pero la mayoría PRI-PAN, con la colaboración de PVEM y Panal, rechazó la propuesta de sus opositores para darles autonomía constitucional e impedir el análisis de lo que el miércoles en el Senado alertó el gobernador de California, Edmund G. Brown: que las trasnacionales ‘‘se coman vivos’’ a los mexicanos.

La advertencia, sin embargo, no ha tenido eco, al menos en el PVEM. Los diputados que coordina Arturo Escobar tienen otro punto de atención superior que contrasta con el interés nacional que se debate en San Lázaro: desde el lunes han armado una quiniela, con premios de entre 6 mil y 10 mil pesos, para quien acierte la hora en que terminará la sesión. Cuando el presidente de la mesa directiva toca la campana, hay un ganador, y hasta ahora sólo han sido los del Verde.

El dictamen fue aprobado con 333 votos en favor y 133 en contra. Para la mayoría priísta-panista, los órganos reguladores –las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, el sector industrial y el sector de hidrocarburos– tienen suficientes atribuciones para evitar que las trasnacionales incluso las corrompan.

Sin embargo, el dúo integrado por Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo, este último encargado de negociar por el Partido Acción Nacional la reforma constitucional y ahora la legislación secundaria, reconoció que la ley de los órganos reguladores aprobada anoche en general y particular, deja un recoveco que será aprovechado por las grandes compañías.

Bueno Torio reveló desde la tribuna: ‘‘El modelo de energía que planteamos tiene un soporte fundamental en los órganos reguladores; evidentemente les falta muchísimo para poder enfrentar lo que viene y para que efectivamente los pulpos de la energía no nos coman vivos como mexicanos’’.

Y Camarillo apuntó: ‘‘No hay tal posibilidad, que aquí se ha planteado, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se convierta en testaferro de las trasnacionales. ¡Qué equivocados están, no han leído cuidadosamente la iniciativa! Por otro lado, es importante decir que efectivamente uno de los riesgos que existen para los reguladores es que sean cooptados por los regulados o por el gobierno…’’

Aun así, se rechazaron una a una las reservas para determinar la autonomía constitucional de esas instancias y se les dejó ‘‘como dependencias del Ejecutivo federal’’ que, además, será el que proponga a sus integrantes y la encabezará el secretario de Energía.

Al reanudarse la sesión ayer, el pleno desechó ocho mociones suspensivas que tenían como objeto corregir los huecos que para PRD, PT y Movimiento Ciudadano podrían fortalecer los órganos reguladores.

Roberto López Suárez (PRD) alertó que los requisitos para ser comisionado de hidrocarburos o de energía son demasiado laxos. Ejemplificó: para integrarse a las dos comisiones se pide no haber ocupado cargo alguno en el gobierno federal o en cualquiera de las empresas vinculadas con el sector.

‘‘Esto abre la puerta para que directivos de empresas privadas puedan ocupar un cargo para regular la materia energética. No es más que una intervención de las trasnacionales en la vida pública. ¡Otra vez los poderes fácticos!’’, expresó.

Su compañera de bancada Graciela Saldaña señaló que el entramado de las comisiones y la agencia representa un retroceso en materia de política ambiental, porque no sólo invade competencias de secretarías como las de Medio Ambiente y Energía, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sino también duplicará la burocracia.

Bueno Torio respondió que, en efecto, las atribuciones que se transfieren a las comisiones y a la agencia ‘‘ya las tienen la Semarnat y la Profepa, pero no se dan abasto para atender ni siquiera la problemática de Petróleos Mexicanos (Pemex)’’. A su vez, PRD y Movimiento Ciudadano insistieron, como desde la semana pasada en comisiones, que estos órganos sólo tienen como fin ‘‘cubrir los pagos políticos a cúpulas del sector energético’’ y asignar los cargos entre los políticos del PVEM.

Para el legislador priísta Abel Salgado, la designación de los comisionados parte de un ‘‘procedimiento colaborativo’’, además de que se establecen requisitos adicionales, así como las causas de su remoción. ‘‘De manera infundada se dice que se pierde la rectoría del Estado en el sector energético. Falso. Por eso se integra el consejo de coordinación del sector energético el cual, para garantizar el interés público, será presidido por el secretario de Energía’’, dijo.

Sin embargo, el diputado Uriel Flores (PRD) consideró que precisamente ello implica que estas entidades continuarán subordinadas al Ejecutivo a través del control de Energía.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) expuso que la designación debía ser similar a la que se practicó para la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ‘‘Pero sigue la coordinación vertical del Presidente y la verticalidad genera impunidad’’, agregó.

Más tarde, Rubén Camarillo rechazó que la información estratégica de los yacimientos será transferida a las empresas trasnacionales una vez que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo la entreguen, amén de una multa de entre 20 y 100 millones de pesos si no entregan sus bases de datos. ‘‘El centro nacional de información de hidrocarburos no será la agencia par que las trasnacionales se hagan de información que ha costado miles de millones de pesos a Pemex. ¡Qué equivocados están!’’, exclamó.

Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, sostuvo que si Judas vendió a Cristo por 30 monedas, ‘‘en este salón hay muchos que van a cobrar los bonos de la traición a la patria’’.

Samuel Gurrión (PRI) afirmó en tribuna que la incursión de maestros en sus oficinas de gestión en Oaxaca se relaciona con su voto en favor de la reforma energética. ‘‘¡No me importa! ¡Seguiré adelante con mi trabajo serio, responsable y honesto!’’

‘‘¡Sobre todo honesto!’’, le gritaron desde curules del PRD.