Madrid, 30 de julio.

El encuentro entre el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su homólogo catalán, Artur Mas, se celebró hoy aquí, en el Palacio de la Moncloa, sin acuerdos, acercamiento de posiciones, ni un mínimo gesto para restablecer el diálogo institucional. En un ambiente de frialdad y tensión, ambos dirigentes mantuvieron sus posturas: el catalán confirmó que su región celebrará el referendo de independencia el próximo 9 de noviembre, y el Ejecutivo español advirtió que esa consulta es ilegal y no se va a celebrar.

No se esperaban resultados de la reunión, pero la presión social y el compromiso de los mandatarios de agotar la vía del diálogo antes de una ruptura, determinaron la reunión, que confirmó el distanciamiento cada vez mayor entre Madrid y Barcelona. Cataluña, como advirtió Mas, seguirá la senda fijada por la Asamblea Nacional Catalana –de naturaleza social y sin vínculos directos a los partidos políticos–, en la que se pretende celebrar una histórica consulta ciudadana para decidir el futuro de la región más próspera, industrializada y rica del Estado español.

No hay propuesta del Estado más allá de decirnos que no se puede celebrar y que es ilegal, advirtió el presidente catalán en rueda de prensa al término del encuentro, en el Centro Cultural Blanquerna, donde fue interrumpido e insultado por un extremista español.

Mas reconoció que desde el gobierno de Rajoy no hay plan o vía de salida alternativos, sino un rotundo no a cualquier iniciativa para celebrar el referendo independentista en Cataluña.

Restó importancia al escándalo en el que está envuelto el ex presidente catalán Jordi Pujol, que renunció a sus cargos y privilegios tras reconocer que ocultó una fortuna en paraísos fiscales durante 34 años.

Rajoy no compareció ante la prensa –como es habitual desde que estalló el escándalo de financiamiento ilegal del Partido Popular– y se limitó a reiterar en un comunicado que la consulta es ilegal, y ni se puede, ni se va a celebrar. Señaló los riesgos de que el referendo entorpezca la incipiente recuperación económica del país.

En tanto, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas mínimas a 20 de los 34 acusados de participar en una supuesta red de las herriko tabernas (bares vinculados al independentismo vasco) para financiar a la organización armada ETA. Los magistrados fijaron condenas leves, al encontrar mínimos indicios de los supuestos hechos defendidos en su día por el juez instructor, el ahora inhabilitado Baltasar Garzón. Entre los ex dirigentes de Batasuna condenados por estos hechos a penas de tres años de cárcel figuran Rufi Exteberria, Joseba Permanch, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa.