Tucson, Arizona, 29 de julio.

La madre de un adolescente mexicano que fue ultimado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza –hace casi dos años– demandó a la corporación este martes alegando que su hijo caminaba hacia su casa tras jugar basquetbol, con su novia y amigos, cuando recibió 10 balazos en la espalda.

José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, se encontraba en Nogales, Sonora, junto a la reja de acero que separa Estados Unidos de México, cuando un agente estadunidense le disparó desde Nogales, Arizona, el 10 de octubre de 2012. La necropsia sostiene que el adolescente recibió al menos ocho disparos.

La institución ha dicho que el muchacho estaba entre un grupo de personas que arrojaban piedras a los agentes y que ello ponía en riesgo sus vidas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que entabló la demanda en nombre de Araceli Rodríguez, dice que el hecho es un ejemplo más del uso excesivo de la fuerza por agentes, a quienes no se exige que rindan cuentas. Rodríguez sostiene que su hijo nunca tiró piedras.

La Patrulla Fronteriza no hace declaraciones sobre casos judiciales abiertos, argumentó el vocero Andy Adame.

En el pasado, los jefes de la agencia han defendido el uso de la fuerza. El jefe Michael Fisher expresó en marzo pasado que se equivocan quienes dicen que los agentes abren fuego de manera indiscriminada.

Para la gente como yo, no hay nada más aterrador que luchar por la propia vida cuando uno está solo y sin comunicación. Se piensa por un instante que no se volverá a casa al final del turno para ver a la familia, sostuvo Fisher. Lo único parecido a esa oleada de miedo es pensar en tener que usar la fuerza mortífera contra otro ser humano.

Los grupos defensores de los migrantes sostienen desde hace tiempo que los agentes tienen el gatillo fácil.

La demanda de la ACLU sostiene que la Patrulla Fronteriza padece un problema sistemático con el uso de la fuerza. A sus agentes suele permitírseles que utilicen la fuerza letal contra los que arrojan piedras, porque éstas pueden ser mortales. Desde 2010 se han reportado más de mil 700 casos de ese tipo.

“Desgraciadamente, la muerte de José Antonio a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza no es un suceso aislado, sino parte de un problema más amplio de abusos por agentes fronterizos en Nogales y otras partes“, afirma la demanda.

Los abogados admiten que enfrentan una batalla cuesta arriba frente a la corporación.

Esto no es sólo justicia para la familia y contra los abusos de la Patrulla Fronteriza. Potencialmente será un caso de prueba para una enorme cuestión constitucional, señaló Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU.

Gelernt prevé que el gobierno estadunidense argumentará que un ciudadano mexicano sobre suelo mexicano carece de los derechos constitucionales de Estados Unidos.