Nueva York, 29 de julio.

Mientras en Washington el gobierno juega futbol político con los niños inmigrantes, se intensificó la pugna sobre los alcances y tiempos de la acción ejecutiva prometida por Barack Obama para proteger a parte de los 11 millones de indocumentados en el país.

El gobierno de Obama se encuentra entrampado en su doble mensaje de deportación y compasión. Poco antes de estallar la crisis del éxodo de menores de edad que llegan a la frontera sur de este país, el presidente había anunciado que, ante la negativa de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, a promover una reforma migratoria este año, próximamente anunciaría una acción ejecutiva para beneficiar a parte de los indocumentados.

La Casa Blanca contempla alguna extensión de la llamada acción diferida contra la deportación, la cual ya benefició a más de medio millón de indocumentados que llegaron a este país cuando eran menores de edad. La idea es ampliar esta medida a otros indocumentados, algunas versiones basadas en fuentes oficiales no identificadas hablan hasta de 5 millones de posibles beneficiados.

Sin embargo, la crisis en la frontera ha complicado el panorama político para este asunto ya de por sí afectado por la dinámica de las elecciones federales intermedias que culminarán en noviembre, donde está en juego el control de la legislatura.

Ante ello, diversos grupos e intereses pro migrantes buscan negociar la acción ejecutiva lo más amplia y audaz posible, aunque no hay consenso sobre ello.

Algunas agrupaciones de inmigrantes, entre ellas la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y la campaña Ni Uno Más, han intensificado la presión sobre la Casa Blanca esta semana, convocando una manifestación nacional el 2 de agosto en Washington con la demanda de un cese de las deportaciones. Al mismo tiempo, exigen que representantes de indocumentados –y no sólo los que abogan por ellos– tengan una silla en la mesa para negociar las medidas que la Casa Blanca está considerando.

Al mismo tiempo, algunos de estos grupos se han visto obligados a sumarse al coro amplificado sobre todo por cientos de líderes y organizaciones religiosas –desde obispos católicos, líderes nacionales de iglesias protestantes y rabinos– a favor de la protección humanitaria de los menores que están abrumando a las autoridades migratorias.

El jueves unos 130 líderes religiosos y activistas de inmigración anunciaron que realizarán un acto de desobediencia civil frente las rejas de la Casa Blanca para exigir un alto inmediato a las deportaciones en todo el país, así como la protección de los menores de edad en la frontera. Otras acciones se han anunciado en diversos puntos del país.

El balón

Organizaciones de derechos humanos y de defensa de libertades civiles de inmigrantes continúan exigiendo protecciones y asistencia legal a los menores de edad y sus familias. Human Rights Watch emitió hoy un comunicado en el cual insta a que Washington ofrezca protección legal a familias migrantes en lugar de financiar más centros de detención.

Por cierto, la mayoría (69 por ciento) de los estadunidenses opina que los menores deberían ser tratados como refugiados y permitirles permanecer en el país si las autoridades determinan que enfrentan riesgos de seguridad en caso de ser regresados a sus países, según una encuesta nacional difundida hoy por el Instituto Político de Investigación sobre Religión.

Pero legisladores y la Casa Blanca siguen jugando con los niños, o más bien contra ellos. Hoy, legisladores republicanos revelaron su contrapropuesta de 659 millones de dólares para abordar el flujo de menores de edad, muy por debajo de la solicitud de 3 mil 700 millones de dólares que hizo Obama, e inferior también al plan del liderazgo demócrata del Senado de 2 mil 700 mil millones. Pero pocos creen que alguna de estas inciativas prosperará, ya que el Congreso tiene programado iniciar su receso de cinco semanas este viernes.

Por lo tanto, observadores consideran que la iniciativa republicana está diseñada sólo para efectos políticos, o sea, demostrar que hicieron algo y, si no prospera, poder acusar a los demócratas de obstaculizar una solución.

La propuesta republicana incluye el incremento de la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur, más jueces para agilizar las deportaciones y la controvertida medida para modificar un ley antitráfico humano promulgada en 2008 por el presidente George W. Bush que otorga ciertas protecciones a menores de edad que llegan de países no colindantes con Estados Unidos.

La Casa Blanca inicialmente solicitó mayor flexibilidad en la aplicación de esta ley para poder acelerar las deportaciones de menores de edad centroamericanos, y los republicanos después insistieron en que eso fuera condición para conceder los fondos para abordar la situación. Eso, a su vez, ha sido rechazado por líderes legislativos demócratas de ambas cámaras.