lo largo de múltiples foros en Naciones Unidas sobre migración y desarrollo, una categoría que ha sobrevivido a la discusión y a las múltiples interpretaciones ha sido la de la responsabilidad compartida
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En realidad responde a la larga historia entre países de origen, tránsito y destino, de echarse la culpa unos a otros. ¿Qué hace México para detener la oleada de migrantes irregulares que van a Estados Unidos? Y la respuesta: ¿qué es lo que puede hacer, mandar al Ejército Mexicano a la frontera para impedir la salida de sus nacionales? Es un círculo vicioso del que difícilmente se puede salir.
La propuesta de Naciones Unidas es una solución teórica a un problema que difícilmente encuentra aplicación práctica. Hace unas semanas la primera dama de Honduras reclamaba a México por el peligro y las vejaciones que sufren los migrantes en tránsito. De igual modo el presidente de Honduras exigía el pleno respeto a los derechos humanos y el debido proceso a los migrantes que habían llegado a Estados Unidos. Y la conclusión es obvia: ¿qué hace el presidente de Honduras con respecto a sus ciudadanos y la situación extrema en que se encuentran?
Y otro se pregunta qué hace Guatemala para controlar e impedir la llegada masiva de migrantes a México, que luego pretenden alcanzar el sueño americano. Si México es un país de tránsito, Guatemala también lo es. La diferencia es que Guatemala tiene un convenio de libre circulación con Honduras, El Salvador y Nicaragua, que se llama CA4, y que no se requiere de pasaporte o visa para poder transitar entre sus fronteras.
No es el caso de México. Quien no forma parte de este acuerdo, y que difícilmente podría suscribirlo por su compleja situación geopolítica, al ser vecino de Estados Unidos y al ser un país que hipotéticamente podría atraer a miles de migrantes irregulares, por la evidente disparidad salarial que existe en la región.
Algunos proponen como solución al dilema migratorio el libre tránsito, lo que supondría sumarse al programa CA4 de libre circulación y cancelar el requisito de visa para los centroamericanos. De hecho un proyecto similar se está dando en Sudamérica, donde ya no se requiere de visa ni pasaporte para el transito de los sudamericanos, sólo se exige un documento de identidad nacional. Ese panorama está muy lejano, México geopolíticamente está aislado, separado por un muro de Estados Unidos y sin ánimos de integrarse a Centroamérica.
Otra solución propuesta es la de otorgar visas de tránsito a aquellos que quieran ir a Estados Unidos. El problema es que con la visa de tránsito, como su nombre lo indica, el viajero debe salir del país en un tiempo determinado, pero si no tienen visa de Estados Unidos es imposible que salga de manera legal. Sería otorgar un documento legal para facilitar un acto irregular en el país vecino. Por convenios internacionales firmados, no es posible optar por esta modalidad.
La tercera propuesta es la de las visas humanitarias, que de hecho se dan en casos especiales. El que adquiere una visa de este tipo cuenta con la protección del gobierno mexicano y se tramita un estatus de refugiado y son casos particulares, no se pueden expedir visas humanitarias de manera masiva, requieren de un proceso, un trámite y una circunstancia especial.
El drama de los 50 mil niños migrantes es un buen ejemplo de lo que podría suceder si México aplica una política de libre tránsito. Serían cientos de miles de migrantes de todo el mundo los que llegarían al país para dirigirse a Estados Unidos. Esta política de libre ingreso la aplicó Ecuador hace unos años al quitar el requisito de visa para todos los países del mundo. Lo que sucedió es que empezaron las mafias asiáticas y africanas y de otras partes a utilizar a Ecuador como puerta de entrada al continente. Finalmente tuvieron que poner ciertos controles.
La respuesta que ha dado del secretario de Gobernación al afirmar que no va a permitir el uso del tren de carga como vía de transporte es una decisión unilateral a un problema multilateral. El gobierno tiene todo el derecho de prohibir que se utilice a La Bestia como medio de transporte, como prohíbe llevar pasajeros encaramados en una camioneta descubierta.
Pero el problema no es el decreto, sino cómo aplicarlo. La norma no basta, los buenos deseos tampoco. Decir que con esta medida va a proteger a los migrantes de accidentes y de posibles extorsiones es un discurso justificatorio. Obviamente, si nadie se sube, no habrá ni accidentes ni extorsiones. ¿Solucionado el problema? No. Los migrantes tomarán otras rutas, asumirán mayores riesgos, y Los Zetas, pandillas y policías de todo tipo se dedicarán a extorsionar a los pasajeros de autobuses, incluidos los viajeros mexicanos.
De igual modo, el haber nombrado a un coordinador de la migración integral en la frontera sur
ubica la solución al interior del país, y muy especialmente en la frontera sur, cuando una visión integral tendría que afrontar la problemática en todo el país, no sólo en los estados fronterizos, sino a nivel nacional e internacional.
Obviamente el tema de la gobernanza en el tema migratorio requiere de una coordinación y de una autoridad superior, ya que son muchas las secretarías y las instancias involucradas, además de estados y municipios. Pero el asunto es si un coordinador de este nivel tienen autoridad sobre otras instancias como la PGR, el Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Salud, e incluso si debería coordinar políticas bilaterales y multilaterales.
La migración en tránsito es asunto multilateral de responsabilidad compartida por los países de origen, tránsito y destino. El presidente Peña Nieto no asistió a la reunión entre Obama y los presidentes centroamericanos. ¿Cuál es la señal?