La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la Nación (FGN) no se ha concretado porque aún se negocian en el Congreso de la Unión las leyes secundarias de la reforma política promulgada en enero de este año y su nueva ley orgánica, en la cual quedarán definidas su estructura y operación.

Funcionarios de alto nivel señalaron que esas son dos de las razones por las cuales está pendiente la designación de titulares de posiciones importantes en la PGR, como la subprocuraduría de Derechos Humanos y la de Control Regional y Procedimientos Penales, ya que hasta los nombres de las áreas podrían cambiar cuando la dependencia sea modificada a fiscalía.

Respecto de la transformación de la PGR en fiscalía, el abogado Marco Aurelio González consideró que el cambio será bueno para la agilización de las indagatorias y permitirá –en conjunto con el nuevo sistema de justicia penal– juicios más certeros.

Sin embargo, su colega Clemente Valdez estima que el nombramiento del fiscal –cuya duración en el puesto será de nueve años– será una simulación de la democracia si no se designa a una persona ajena a los grupos de interés político, porque entonces el presidente en turno seguirá decidiendo cuestiones de justicia.

El pasado 31 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma política. Además de la creación de organismos como el Instituto Nacional Electoral, se prevé que la FGN sea un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; su titular sería una persona elegida por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Esta medida también impactará a las procuradurías locales, las cuales poco a poco se han ido transformando en fiscalías y cambiado sus mecanismos de operación para adecuarse a los procedimientos que impone la entrada en vigor –en 2016– del nuevo sistema de justicia penal.

En febrero pasado se llegó a considerar que los cambios legislativos se realizarían en abril de este año; sin embargo, ahora la PGR debe esperar al próximo periodo ordinario de sesiones para que el Congreso concluya la propuesta, discuta y apruebe los cambios que otorguen a la PGR las condiciones para tener una nueva estructura.

No obstante, indicaron los funcionarios entrevistados, el procurador Jesús Murillo Karam no ha esperado hasta que se aprueben las modificaciones para ir adecuando la PGR a las necesidades de investigación, capacitación ministerial, pericial y policial, para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.

El límite para que se encuentre plenamente integrada la FGN es 2018, pero –indicaron las fuentes consultadas– se puede poner en marcha antes de ese plazo impuesto por el Congreso al aprobar la reforma política.

Será fiscal el funcionario que esté en la procuraduría en el momento que se convierta a fiscalía. El fiscal estará en el cargo nueve años, a menos que haya algún cambio. El nuevo mecanismo para un próximo titular será más complejo y habrá 10 candidatos.

Uno de los puntos más importantes –fuera de la nueva estructura– es que el titular de la fiscalía durará nueve años en su encargo. En caso de que así lo decidiera el Congreso, Murillo Karam sería el titular de ese organismo si en el momento de creación él es el titular de la PGR.