Sanlúcar de barrameda, España.

Dejé mi casa al banco. No quería que mis dos hijos vivieran la violencia de un desahucio, la habían pasado ya demasiado mal, dice Manoli Herrera en uno de los seis edificios ocupados por familias sin empleo en la turística Sanlúcar de Barrameda, en el sur de la península española.

Estas ocupaciones en masa, llamadas las corralas de la dignidad, recuerdan al movimiento de la Corrala Utopía de Sevilla, a 100 kilómetros de esta localidad, un edificio ocupado en mayo de 2012 por una veintena de familias, con el apoyo de ‘los indignados’, que fueron desalojadas en abril. Todo un símbolo de la crisis en un país donde las expulsiones de familias endeudadas se multiplican desde 2008.

Manoli, de 39 años, perdió su empleo en 2009 cuando quebró la empresa en que trabajaba. Igual que su marido, obrero, y más de un tercio de la población de Andalucía, la región más golpeada por el desempleo.

Luego de tres meses sin pagar la hipoteca, el banco le dijo: O dejas tu casa o te echamos y tienes que pagar la totalidad de 86 mil euros, es decir, el crédito completo pese a que ya había pagado al menos 60 mil durante 11 años, explica esta madre mientras sus hijos juegan en el patio del pequeño edificio nuevo que ahora ocupan.

Es un escándalo, hay muchas cláusulas abusivas en las hipotecas en España, se indigna Francisco Cuevas, del sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que les trae comida con regularidad.

Las corralas son un reflejo de la situación social, demuestran un problema de emergencia habitacional que las autoridades intentan tapar, afirma.

Como Manoli, antes de llegar aquí, Jenifer García Vidal, de 22 años, y su marido Esteban, vivían con sus dos hijos de cinco y cuatro años en casa de los abuelos. Éramos nueve en dos habitaciones, era insoportable, recuerda la joven desempleada con su hija en brazos.

Nosotros que creíamos que éramos clase media, nos hemos quedado pobres y no tienes nada ni para comer, lamenta su madre, Milagros Vidal López, de 46 años, que viene a compartir lo poco que tiene.

En esta situación, el 30 de junio decidieron, junto con una veintena de otras familias, ocupar este edificio, vacío desde la quiebra de un promotor que se marchó sin dejar dirección.

Todos tenemos el derecho a una vivienda. En lucha por un hogar, proclaman ahora en una sábana colgada en las ventanas de su corrala.

Días después, a principios de julio, unas 60 familias más se instalaron en otros cinco edificios que forman parte de las 700 mil viviendas vacías en España, fruto en gran parte de las quiebras de promotores tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hace seis años.

La región de Andalucía, gobernada en coalición por los socialistas y los ecologistas-comunistas de Izquierda Unida, adoptó en 2013 una medida que limitaba las expulsiones expropiando el derecho de uso de los bancos. Pero esta disposición fue paralizada por un recurso presentado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy. El lunes, la región anunció un acuerdo inédito con un banco para transformar 20 pisos vacíos en viviendas sociales.