El gobierno de la capital elaboró una propuesta de reforma al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para tipificar como falta los daños ocasionados a la vía pública, así como la deficiente reparación en las obras que lleven a cabo empresas particulares o públicas en la introducción de servicios como gas natural, telefonía, televisión por cable, suministro eléctrico, entre otros, con sanciones que alcanzarán los mil días de salario mínimo general vigente en la ciudad, esto es 67 mil 290 pesos para este año.

La sanción incluye además la clausura de las obras e instalaciones en ejecución, así como la obligación de las empresas a corregir los daños ocasionados, en los casos en que dichas deficiencias pongan en peligro la vida o integridad física de las personas, alteren la funcionalidad de la vía pública y la movilidad o esté en riesgo la prestación de servicios urbanos.

La propuesta, elaborada por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), se está revisando en una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) y la Agencia de Gestión Urbana (AGU).

Exigencia ciudadana

La propuesta fue detallada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el titular de la Sobse, Alfredo Hernández García, al responder a un punto de acuerdo aprobado por el pleno en el que se le exhortó a implementar medidas para evitar que las empresas que realizan obras en la ciudad dañen la infraestructura urbana y se sancione a las que lo hagan.

Entre otras modificaciones al citado ordenamiento se encuentran varias relacionadas con la regulación, autorización, programación y registro de obras e instalaciones que se realicen en la vía pública. La obligacion de reparar banquetas y pavimentos en su totalidad en algunos casos, deberá llevarse a cabo con los mismos materiales, el mismo espesor y nivel de subrasante que tenían originalmente, explica el funcionario en el escrito enviado a la ALDF.

La reforma plantea además que todo particular que tenga instalaciones y estructuras en el subsuelo, superficie o espacio aéreo de la vía pública, debe entregar toda la información sobre las mismas cuando sea requerida por la AGU.

En la propuesta, adicional a los requisitos señalados en el artículo 58, fracción II del reglamento, las empresas deberán proporcionar el proyecto ejecutivo de la obra para su estudio, emitiendo las disposiciones que sean necesarias y expedirá en su caso la autorización.

Obligaciones

Para garantizar la coordinación en la realización de ese tipo de trabajos, prevenir problemas de movilidad, afectaciones a la imagen urbana y a la prestación de servicios, se plantea que cualquier instancia de gobierno, sean delegaciones o dependencias, consultarán a la AGU el inicio y término de las licencias a otorgar.

Hernández García informó que la Sobse y la AGU elaboran también el proyecto de iniciativa de ley de servicios públicos urbanos del DF, como una norma específica que regule las intervenciones en la vía pública.